Al tratarse se tema de los fondos de Santa Cruz que, como se dice popularmente constituyen el único plazo fijo del mundo colocado a tasa negativa, se publica textualmente:
“Magdalena: Todos?
Kirchner: Todos. Fíjese, se cobraron cerca de 2.400, 2.500 millones de dólares por regalías mal liquidadas.
Magdalena: Si, cuando se vendió YPF.
Kirchner: Si claro, cuando se vendió YPF, una parte y después la última parte cuando se terminó de vender la acción de oro y demás.”
Teóricamente, se reconoce como Acción de Oro a la potestad que han conservado la mayoría de los Estados Nacionales en ciertas sociedades privatizadas –especialmente petroleras y prestadoras de servicios públicos esenciales- consistente en la participación obligatoria y aceptativa en determinadas e importantes decisiones empresarias. En nuestro país, esa potestad está incluida en la Ley N º 24.145 (gestión Menem-Cavallo) de Privatización de YPF SA y Federalización del Subsuelo y en su modificatoria Nº 24.474 (gestión Menem-Roque Fernandez), con la única diferencia que esta última la mantiene mientras el Estado Nacional mantenga al menos una acción (Clase A) en su poder, mientras que la primera determinaba un mínimo del 20 %. Esos actos societarios que requieren el acuerdo del Estado son las siguientes: a) Fusionarse con otra sociedad; b) Aceptar que YPF SA sufra una acción de copamiento consentido u hostil que represente la posesión del 51 % del Capital Social; c) Transferir la totalidad de los derechos de explotación de la Ley de Hidrocarburos (Nº 17.319) de forma tal que implique el cese total de actividades exploratorias y de explotación y d) La disolución voluntaria de la sociedad. Además , en los casos señalados como c) y d) será necesaria la sanción de una Ley.
En los inicios de la gestión privatizada y cuando el Estado Nacional poseía el 20 % del Capital Social, en el Estatuto Social se otorgó al Accionista Clase A, la representación de un Director y un Síndico Titular y sus respectivos suplentes. Posteriormente a la sanción de la Ley N º 24.474, al optar el Estado por conservar sólo 1.000 acciones, para mantener la representación estatal en la dirección y control, debió modificarse el Estatuto; al mismo tiempo se agregó una cláusula más que hace necesario el voto favorable del Estado Nacional en caso que la Sociedad decidiera cambiar su domicilio legal o fiscal.
En estos días, ante la posibilidad de que Repsol-YPF SA transfiera un porciento minoritario de su Capital Social a accionistas argentinos o cotizándolos en las Bolsas, el Ministro De Planificación Federal Julio de Vido ha manifestado que es necesario el consentimiento del Estado Nacional. En resumen, la potestad de veto ante las situaciones señaladas nunca se perdió; es sin dudas, una excusa falaz de quien fue como Gobernador de Santa Cruz, uno de los grandes responsables de la venta de nuestra petrolera pública.
En lo que se refiere a las regalías mal liquidadas cabe señalar que es otro engaño recurrente del Presidente Kirchner. Nunca existieron tales regalías mal liquidadas; es más, existe un fallo de la Corte Suprema determinando la corrección de las liquidaciones oportunamente realizadas por la Secretaría de Energía e YPF SE. Fue la excusa encontrada en agosto de 1991, en un pacto firmado entre el Presidente Menem y el Gobernador Kirchner, para justificar la compra de los votos de los legisladores santacruceños a favor del proyecto de Ley privatizando YPF: solamente si se sancionaba la Ley, la provincia cobraba las extrañas regalías. Santa Cruz cumplió en exceso y todos recuerdan la presencia del lesionado Diputado Rafael Flores, traído especialmente a la sesión en el avión de la Gobernación, cuando “duplicaba” su presencia apoyando su pierna enyesaba en la banca vecina.
Adjuntamos el Informe de nuestra Fundación de febrero del 2006 sobre el tema de la Acción de Oro.
Junio de 2007
Gustavo Calleja
Presidente
Director del Instituto de la Energía y la Infraestructura
"Fundación Illia"
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