Con el asesoramiento del ministro de Economía (1976-1980) José Martínez de Hoz, las dictaduras militares se abocaron a poner públicamente en evidencia la "ineficiencia" de YPF. Se derogó el decreto 632/74 que le daba el monopolio de la industrialización y comercialización de combustibles. Se congelaron los sueldos de sus profesionales y los mejores migraron a las empresas privadas. Entre 1977 y 1982 debió entregar más de 25 yacimientos en plena producción. Se la obligó a endeudarse (de 350 millones de dólares en 1975 a 4.600 en 1983) con préstamos que no recibió y a hacer inversiones inmediatamente privatizadas, como el gasoducto Centro-Oeste. Debió pagar el petróleo de sus contratistas a precios que en 1982 cuadruplicaban los costos promedio de extracción en el país. Las petroleras privadas, que en 1976 eran un porcentaje ínfimo, en 1982 alcanzaron el 40% de participación en la industria. El riesgo empresario fue casi totalmente asumido por YPF, que entre 1977 y 1985 hizo 942 pozos de exploración contra 18 de las privadas.
La presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) mantuvo esas políticas para los hidrocarburos. Su Plan Houston licitó, sin intervención del Congreso, miles de kilómetros cuadrados de cuencas continentales y plataforma submarina. Redujo al 27% la parte de YPF en la venta de combustibles; en 1989 los aportes al fisco de YPF y Gas del Estado igualaban a los de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Cuyo y Patagonia. Promovió la contratación privada de barcos de transporte en vez de reparar la flota de YPF. Según el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, en 1987 YPF compró más de ocho millones de metros cúbicos de petróleo a 93 dólares el barril y vendió a Shell y Esso otro tanto a sólo 45 dólares.
La resultante "ineficiencia" de YPF sirvió de justificación al presidente de Carlos Menem (1989-1999) para venderla al capital extranjero. Aunque violaba la ley de Hidrocarburos 17.319 (1967), legalizó la entrega con las leyes 23.696 de Reforma del Estado y 23.697 de Emergencia Económica elaboradas por su ministro de Economía Domingo Cavallo. En 1990, cuando facturaba unos 4.000 millones de dólares anuales, el decreto 2.778 transformó a YPF en sociedad anónima bajo la dirección del ingeniero José Estenssoro, empresario petrolero con importantes vínculos internacionales. Usando sólo criterios de eficiencia y rentabilidad, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y geopolíticas, su Plan de Transformación Global vendió o cerró los sectores de menor valor, poco rendimiento o prescindibles. Esta "poda vigorizadora", simultánea a la eliminación de empleados y la reorganización de los métodos de conducción y trabajo de los que quedaron, hizo a YPF una empresa vendible en el mercado internacional.
En 1990 YPF era el cuarto mayor empleador del país con el 13% de los trabajadores públicos: 50.000 empleados de los que 15.000 eran temporarios, ilustrando el criterio clientelista con que se lo manejaba. Su número se redujo a 23.000 en 1991, 13.000 en 1992, 9.000 en 1993 y unos 6.000 en el 2001 como Repsol-YPF. El gobierno menemista hizo astutas maniobras para neutralizar las protestas por los despidos masivos. Concedió subsidios, contratos y privilegios especiales al Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE). Dio a los "prescindidos" retiros "voluntarios" y jubilaciones anticipadas con grandes indemnizaciones que muchos usaron para comprar, por ejemplo, su propio remise. También recibieron cursos de capacitación en panadería, computación, pantalonería, aviación... que tal vez les permitieron competir con ventaja contra los profesionales universitarios que en la época manejaban taxis y remises. La ley 24. 145 (1992) otorgó a los cesantes el 10% del valor de venta de YPF, aún no pagado a la fecha de publicación de este artículo. La privatización tuvo máximo impacto en los lugares donde la explotación de hidrocarburos era la principal o única fuente de trabajo, como Comodoro Rivadavia, Cutral Co, Plaza Huincul, Río Grande, Tartagal y Vespucio. Es prototípico el caso de Cutral Co, inicialmente un campamento petrolero de una zona desértica de Neuquén, cuya única fuente de ingresos era y sigue siendo la actividad estatal. El cese de actividades afectó tanto a los pobladores que, en 1996, cortaron la ruta durante varias semanas iniciando el movimiento piquetero que se extendería a todo el país. Durante esas protestas fue muerta Teresa Rodríguez, hoy emblema del movimiento.
En 1993 se vendió el 80% de las acciones de YPF por 6.300 millones de dólares, acciones que en 1998 valían 10.300 millones. Aunque el costo promedio de producción era muy inferior, las petroleras privadas vendían internamente el petróleo a precios internacionales (el costo ronda hoy los 7 dólares por barril, se vende a 47 y el precio internacional excede los 90). Cuando aumentaba el valor internacional, los combustibles aumentaban eso y un poco más; cuando en 1998 el precio internacional disminuyó un 40%, los precios bajaron menos del 3%. Durante todo el período las petroleras tuvieron irrestricta libertad de remisión de utilidades, dividendos, regalías y pagos de patentes; de importación de maquinarias, equipos, insumos y tecnologías aunque existieran en el país; de transferencia de pagos por supuestos préstamos contraídos en el exterior con sus casas matrices; de repatriación parcial o total de capitales cuando lo quisieran. Dejaron de pagar el impuesto al crudo procesado que financiaba obras hidroeléctricas. El resultado fue que entre 1991 y 1998 sus ganancias aumentaron un 70%, mucho más que el promedio de las 100 empresas más grandes del país. Mientras se exportaba valiosa materia prima sin elaborar, la industria petroquímica (el valor unitario de cuyos productos elementales más que triplica el del crudo) producía sólo para el mercado interno, desmintiendo la supuesta actualización tecnológica de la industria petrolera.
Durante la Segunda Década Infame, gracias a la Revolución Productiva que la mayoría de nosotros votó, los argentinos pagamos los combustibles a precio internacional, hicimos desaparecer nuestras reservas de hidrocarburos, regalamos renta petrolera al exterior, congelamos el crecimiento de nuestra industria petroquímica y de fuentes de energía, redujimos drásticamente el poder de compra de nuestros salarios, eliminamos millones de puestos de trabajo, condenamos a migrar a poblaciones enteras y convertimos en desaparecidos sociales a más de dieciocho millones de nuestros pobres e indigentes.
CARLOS SOLIVÉREZ (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Doctor en Física y Diplomado en Ciencias Sociales.
Mail: csoliverez@gmail.com
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/12/26/200712o26s02.php
miércoles, 26 de diciembre de 2007
La extranjerización de YPF
Con el asesoramiento del ministro de Economía (1976-1980) José Martínez de Hoz, las dictaduras militares se abocaron a poner públicamente en evidencia la "ineficiencia" de YPF. Se derogó el decreto 632/74 que le daba el monopolio de la industrialización y comercialización de combustibles. Se congelaron los sueldos de sus profesionales y los mejores migraron a las empresas privadas. Entre 1977 y 1982 debió entregar más de 25 yacimientos en plena producción. Se la obligó a endeudarse (de 350 millones de dólares en 1975 a 4.600 en 1983) con préstamos que no recibió y a hacer inversiones inmediatamente privatizadas, como el gasoducto Centro-Oeste. Debió pagar el petróleo de sus contratistas a precios que en 1982 cuadruplicaban los costos promedio de extracción en el país. Las petroleras privadas, que en 1976 eran un porcentaje ínfimo, en 1982 alcanzaron el 40% de participación en la industria. El riesgo empresario fue casi totalmente asumido por YPF, que entre 1977 y 1985 hizo 942 pozos de exploración contra 18 de las privadas.
La presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) mantuvo esas políticas para los hidrocarburos. Su Plan Houston licitó, sin intervención del Congreso, miles de kilómetros cuadrados de cuencas continentales y plataforma submarina. Redujo al 27% la parte de YPF en la venta de combustibles; en 1989 los aportes al fisco de YPF y Gas del Estado igualaban a los de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Cuyo y Patagonia. Promovió la contratación privada de barcos de transporte en vez de reparar la flota de YPF. Según el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, en 1987 YPF compró más de ocho millones de metros cúbicos de petróleo a 93 dólares el barril y vendió a Shell y Esso otro tanto a sólo 45 dólares.
La resultante "ineficiencia" de YPF sirvió de justificación al presidente de Carlos Menem (1989-1999) para venderla al capital extranjero. Aunque violaba la ley de Hidrocarburos 17.319 (1967), legalizó la entrega con las leyes 23.696 de Reforma del Estado y 23.697 de Emergencia Económica elaboradas por su ministro de Economía Domingo Cavallo. En 1990, cuando facturaba unos 4.000 millones de dólares anuales, el decreto 2.778 transformó a YPF en sociedad anónima bajo la dirección del ingeniero José Estenssoro, empresario petrolero con importantes vínculos internacionales. Usando sólo criterios de eficiencia y rentabilidad, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y geopolíticas, su Plan de Transformación Global vendió o cerró los sectores de menor valor, poco rendimiento o prescindibles. Esta "poda vigorizadora", simultánea a la eliminación de empleados y la reorganización de los métodos de conducción y trabajo de los que quedaron, hizo a YPF una empresa vendible en el mercado internacional.
En 1990 YPF era el cuarto mayor empleador del país con el 13% de los trabajadores públicos: 50.000 empleados de los que 15.000 eran temporarios, ilustrando el criterio clientelista con que se lo manejaba. Su número se redujo a 23.000 en 1991, 13.000 en 1992, 9.000 en 1993 y unos 6.000 en el 2001 como Repsol-YPF. El gobierno menemista hizo astutas maniobras para neutralizar las protestas por los despidos masivos. Concedió subsidios, contratos y privilegios especiales al Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE). Dio a los "prescindidos" retiros "voluntarios" y jubilaciones anticipadas con grandes indemnizaciones que muchos usaron para comprar, por ejemplo, su propio remise. También recibieron cursos de capacitación en panadería, computación, pantalonería, aviación... que tal vez les permitieron competir con ventaja contra los profesionales universitarios que en la época manejaban taxis y remises. La ley 24. 145 (1992) otorgó a los cesantes el 10% del valor de venta de YPF, aún no pagado a la fecha de publicación de este artículo. La privatización tuvo máximo impacto en los lugares donde la explotación de hidrocarburos era la principal o única fuente de trabajo, como Comodoro Rivadavia, Cutral Co, Plaza Huincul, Río Grande, Tartagal y Vespucio. Es prototípico el caso de Cutral Co, inicialmente un campamento petrolero de una zona desértica de Neuquén, cuya única fuente de ingresos era y sigue siendo la actividad estatal. El cese de actividades afectó tanto a los pobladores que, en 1996, cortaron la ruta durante varias semanas iniciando el movimiento piquetero que se extendería a todo el país. Durante esas protestas fue muerta Teresa Rodríguez, hoy emblema del movimiento.
En 1993 se vendió el 80% de las acciones de YPF por 6.300 millones de dólares, acciones que en 1998 valían 10.300 millones. Aunque el costo promedio de producción era muy inferior, las petroleras privadas vendían internamente el petróleo a precios internacionales (el costo ronda hoy los 7 dólares por barril, se vende a 47 y el precio internacional excede los 90). Cuando aumentaba el valor internacional, los combustibles aumentaban eso y un poco más; cuando en 1998 el precio internacional disminuyó un 40%, los precios bajaron menos del 3%. Durante todo el período las petroleras tuvieron irrestricta libertad de remisión de utilidades, dividendos, regalías y pagos de patentes; de importación de maquinarias, equipos, insumos y tecnologías aunque existieran en el país; de transferencia de pagos por supuestos préstamos contraídos en el exterior con sus casas matrices; de repatriación parcial o total de capitales cuando lo quisieran. Dejaron de pagar el impuesto al crudo procesado que financiaba obras hidroeléctricas. El resultado fue que entre 1991 y 1998 sus ganancias aumentaron un 70%, mucho más que el promedio de las 100 empresas más grandes del país. Mientras se exportaba valiosa materia prima sin elaborar, la industria petroquímica (el valor unitario de cuyos productos elementales más que triplica el del crudo) producía sólo para el mercado interno, desmintiendo la supuesta actualización tecnológica de la industria petrolera.
Durante la Segunda Década Infame, gracias a la Revolución Productiva que la mayoría de nosotros votó, los argentinos pagamos los combustibles a precio internacional, hicimos desaparecer nuestras reservas de hidrocarburos, regalamos renta petrolera al exterior, congelamos el crecimiento de nuestra industria petroquímica y de fuentes de energía, redujimos drásticamente el poder de compra de nuestros salarios, eliminamos millones de puestos de trabajo, condenamos a migrar a poblaciones enteras y convertimos en desaparecidos sociales a más de dieciocho millones de nuestros pobres e indigentes.
CARLOS SOLIVÉREZ (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Doctor en Física y Diplomado en Ciencias Sociales.
Mail: csoliverez@gmail.com
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/12/26/200712o26s02.php
La presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) mantuvo esas políticas para los hidrocarburos. Su Plan Houston licitó, sin intervención del Congreso, miles de kilómetros cuadrados de cuencas continentales y plataforma submarina. Redujo al 27% la parte de YPF en la venta de combustibles; en 1989 los aportes al fisco de YPF y Gas del Estado igualaban a los de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Cuyo y Patagonia. Promovió la contratación privada de barcos de transporte en vez de reparar la flota de YPF. Según el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, en 1987 YPF compró más de ocho millones de metros cúbicos de petróleo a 93 dólares el barril y vendió a Shell y Esso otro tanto a sólo 45 dólares.
La resultante "ineficiencia" de YPF sirvió de justificación al presidente de Carlos Menem (1989-1999) para venderla al capital extranjero. Aunque violaba la ley de Hidrocarburos 17.319 (1967), legalizó la entrega con las leyes 23.696 de Reforma del Estado y 23.697 de Emergencia Económica elaboradas por su ministro de Economía Domingo Cavallo. En 1990, cuando facturaba unos 4.000 millones de dólares anuales, el decreto 2.778 transformó a YPF en sociedad anónima bajo la dirección del ingeniero José Estenssoro, empresario petrolero con importantes vínculos internacionales. Usando sólo criterios de eficiencia y rentabilidad, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y geopolíticas, su Plan de Transformación Global vendió o cerró los sectores de menor valor, poco rendimiento o prescindibles. Esta "poda vigorizadora", simultánea a la eliminación de empleados y la reorganización de los métodos de conducción y trabajo de los que quedaron, hizo a YPF una empresa vendible en el mercado internacional.
En 1990 YPF era el cuarto mayor empleador del país con el 13% de los trabajadores públicos: 50.000 empleados de los que 15.000 eran temporarios, ilustrando el criterio clientelista con que se lo manejaba. Su número se redujo a 23.000 en 1991, 13.000 en 1992, 9.000 en 1993 y unos 6.000 en el 2001 como Repsol-YPF. El gobierno menemista hizo astutas maniobras para neutralizar las protestas por los despidos masivos. Concedió subsidios, contratos y privilegios especiales al Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE). Dio a los "prescindidos" retiros "voluntarios" y jubilaciones anticipadas con grandes indemnizaciones que muchos usaron para comprar, por ejemplo, su propio remise. También recibieron cursos de capacitación en panadería, computación, pantalonería, aviación... que tal vez les permitieron competir con ventaja contra los profesionales universitarios que en la época manejaban taxis y remises. La ley 24. 145 (1992) otorgó a los cesantes el 10% del valor de venta de YPF, aún no pagado a la fecha de publicación de este artículo. La privatización tuvo máximo impacto en los lugares donde la explotación de hidrocarburos era la principal o única fuente de trabajo, como Comodoro Rivadavia, Cutral Co, Plaza Huincul, Río Grande, Tartagal y Vespucio. Es prototípico el caso de Cutral Co, inicialmente un campamento petrolero de una zona desértica de Neuquén, cuya única fuente de ingresos era y sigue siendo la actividad estatal. El cese de actividades afectó tanto a los pobladores que, en 1996, cortaron la ruta durante varias semanas iniciando el movimiento piquetero que se extendería a todo el país. Durante esas protestas fue muerta Teresa Rodríguez, hoy emblema del movimiento.
En 1993 se vendió el 80% de las acciones de YPF por 6.300 millones de dólares, acciones que en 1998 valían 10.300 millones. Aunque el costo promedio de producción era muy inferior, las petroleras privadas vendían internamente el petróleo a precios internacionales (el costo ronda hoy los 7 dólares por barril, se vende a 47 y el precio internacional excede los 90). Cuando aumentaba el valor internacional, los combustibles aumentaban eso y un poco más; cuando en 1998 el precio internacional disminuyó un 40%, los precios bajaron menos del 3%. Durante todo el período las petroleras tuvieron irrestricta libertad de remisión de utilidades, dividendos, regalías y pagos de patentes; de importación de maquinarias, equipos, insumos y tecnologías aunque existieran en el país; de transferencia de pagos por supuestos préstamos contraídos en el exterior con sus casas matrices; de repatriación parcial o total de capitales cuando lo quisieran. Dejaron de pagar el impuesto al crudo procesado que financiaba obras hidroeléctricas. El resultado fue que entre 1991 y 1998 sus ganancias aumentaron un 70%, mucho más que el promedio de las 100 empresas más grandes del país. Mientras se exportaba valiosa materia prima sin elaborar, la industria petroquímica (el valor unitario de cuyos productos elementales más que triplica el del crudo) producía sólo para el mercado interno, desmintiendo la supuesta actualización tecnológica de la industria petrolera.
Durante la Segunda Década Infame, gracias a la Revolución Productiva que la mayoría de nosotros votó, los argentinos pagamos los combustibles a precio internacional, hicimos desaparecer nuestras reservas de hidrocarburos, regalamos renta petrolera al exterior, congelamos el crecimiento de nuestra industria petroquímica y de fuentes de energía, redujimos drásticamente el poder de compra de nuestros salarios, eliminamos millones de puestos de trabajo, condenamos a migrar a poblaciones enteras y convertimos en desaparecidos sociales a más de dieciocho millones de nuestros pobres e indigentes.
CARLOS SOLIVÉREZ (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Doctor en Física y Diplomado en Ciencias Sociales.
Mail: csoliverez@gmail.com
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/12/26/200712o26s02.php
Advierten que debe haber mayor capacitación - Tierra del Fuego
Luis Sosa, del sindicato de Petroleros Privados, indicó que el Ejecutivo provincial debe encarar una capacitación de quienes están en el área de Hidrocarburos y armar un proyecto serio para la exploración en las áreas que el Gobierno Nacional concedió a Tierra del Fuego. Indicó que debe aprovecharse el auge que tiene la actividad en todo el país.
RIO GRANDE.- La necesidad de capacitar a quienes se desempeñan en la flamante Secretaría de Hidrocarburos y encarar la negociación conjunta entre provincia con empresas privadas con interés en inversiones; fue planteada desde el sindicato de Petroleros Privados.Luis Sosa, titular de ese gremio, indicó que se «debe armar un proyecto serio para la exploración en las áreas que el Gobierno Nacional concedió a la provincia».Destacó el auge en la actividad petrolera en todo el país, que se traslada a Tierra del Fuego, donde existen casi mil trabajadores que se ocupan en forma directa en esta actividad. «Estamos a buen ritmo en lo que es nuestra actividad», dijo Luis Sosa.Para el gremialista tiene que armarse un proyecto de exploración, sobre lo cual debe hacerse una fuerte inversión. En relación a si existen acercamientos entre la provincia y empresas privadas del sector para asociarse, Sosa señaló no tener conocimiento de esto; pero es el camino que debería seguirse en lo inmediato.Sobre el titular de la Secretaría de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea, Sosa expresó que se trata de «un geólogo muy conocedor en la materia», a quien le «deseamos lo mejora para él y el área que manejará».La capacitaciónEduardo D’Andrea anunció que habrá un plan de capacitación para el personal que se desempeña en la Secretaría y que hasta ahora se manejaba como una Subsecretaría. El nuevo funcionario habló de hacer acuerdos con las firmas privadas que trabajan en el sector para que especialistas brinden charlas a quienes estarán a su cargo. En relación a posibles asociaciones con empresas petroleras interesadas en invertir en la provincia, D’Andrea puntualizó que es una de las políticas a aplicar, atento que la provincia se dejará de conformar con el 12% que recibe en concepto de regalías hidrocarburíferas.
http://www.surenio.com.ar/index.php?s=ARligwdw$$diarios/veo$WW919ignxpv99mebpyr0hs
RIO GRANDE.- La necesidad de capacitar a quienes se desempeñan en la flamante Secretaría de Hidrocarburos y encarar la negociación conjunta entre provincia con empresas privadas con interés en inversiones; fue planteada desde el sindicato de Petroleros Privados.Luis Sosa, titular de ese gremio, indicó que se «debe armar un proyecto serio para la exploración en las áreas que el Gobierno Nacional concedió a la provincia».Destacó el auge en la actividad petrolera en todo el país, que se traslada a Tierra del Fuego, donde existen casi mil trabajadores que se ocupan en forma directa en esta actividad. «Estamos a buen ritmo en lo que es nuestra actividad», dijo Luis Sosa.Para el gremialista tiene que armarse un proyecto de exploración, sobre lo cual debe hacerse una fuerte inversión. En relación a si existen acercamientos entre la provincia y empresas privadas del sector para asociarse, Sosa señaló no tener conocimiento de esto; pero es el camino que debería seguirse en lo inmediato.Sobre el titular de la Secretaría de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea, Sosa expresó que se trata de «un geólogo muy conocedor en la materia», a quien le «deseamos lo mejora para él y el área que manejará».La capacitaciónEduardo D’Andrea anunció que habrá un plan de capacitación para el personal que se desempeña en la Secretaría y que hasta ahora se manejaba como una Subsecretaría. El nuevo funcionario habló de hacer acuerdos con las firmas privadas que trabajan en el sector para que especialistas brinden charlas a quienes estarán a su cargo. En relación a posibles asociaciones con empresas petroleras interesadas en invertir en la provincia, D’Andrea puntualizó que es una de las políticas a aplicar, atento que la provincia se dejará de conformar con el 12% que recibe en concepto de regalías hidrocarburíferas.
http://www.surenio.com.ar/index.php?s=ARligwdw$$diarios/veo$WW919ignxpv99mebpyr0hs
domingo, 23 de diciembre de 2007
El Gobierno ratificó las retenciones a las exportaciones
El gobierno nacional "no modificará" el actual esquema de retenciones que aplica a las exportaciones de hidrocarburos que realizan las empresas del sector, afirmó hoy el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.No obstante, el funcionario estimó que podrían realizarse cambios en algunos aspectos de la resolución 394/07 -que aumentó las retenciones desde mediados de noviembre- en lo que respecta "al efecto que su aplicación tiene sobre la rentabilidad de las provincias" productoras de petróleo y gas natural."Las retenciones no van a ser modificadas en lo que hace a las empresas, pero pero se puede revisar con las provincias lo que hace a su rentabilidad", señaló el ministro en declaraciones al periodismo en Casa de Gobierno.Los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos formularon esta semana al gobierno nacional "observaciones" y "propuestas" de cambios a la resolución 394/2007, e incluso trascendió que habrían solicitado una suspensión de al menos tres meses en la aplicación de la norma.Los eventuales cambios estan siendo considerados a nivel del gobierno central, en particular por la Secretaría de Energía.Los mandatarios provinciales Mario Das Neves (Chubut), Oscar Jorge (La Pampa), Celso Jaque (Mendoza), Jorge Sapag (Neuquén), Juan Urtubey (Salta), y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego), se reunieron el miércoles en la sede Buenos Aires de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos),donde analizaron los posibles efectos de la Resolución 394.Das Neves asumió la presidencia de la organización y ratificó "la vocación de un diálogo permanente y abierto con el gobierno nacional" en lo referido a la política petrolera del país.En los últimos días la OFEPHI mantuvo contactos con el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y con los ministros de Planificación Federal, Julio de Vido, y de Economía, Martín Lousteau, a quienes les hicieron llegar "observaciones y propuestas sobre la Resolución 394".Aunque no dio precisiones, el gobernador consideró "posible que podamos avanzar en modificar algunas cuestiones" de la norma, que estarían complicando la ecuación económica de estas provincias por posibles menores ingresos vía regalías.La exportación de petróleo crudo y derivados esta gravada desde 2004, y en enero de este año el Gobierno nacional oficializó la prórroga hasta 2012.El 16 de noviembre el ministerio de Economía oficializó el incremento de los derechos de exportación (retenciones) para el sector de los hidrocarburos (petróleo crudo y derivados), y el nuevo régimen comenzó a regir un día después.En los hechos implica que el excedente de un precio internacional del barril de crudo superior a 45 dólares queda ahora para el Estado.Hasta esa fecha regía un porcentaje básico de 25 puntos sobre el precio internacional del barril (WTI), mas la aplicación de una escala ascendente de hasta 20 por ciento, si dicho precio internacional excedía los 45 dólares.Ahora rige el siguiente criterio:* Si el precio internacional (Pi) del petróleo supera o iguala al valor de referencia (fijado en 60,9 dólares) el derecho de exportación se calculará en base a una fórmula específica que relaciona al Pi con el Valor de Corte (VC) establecido.De esta manera, con un precio en torno a los 95 dólares el barril, 53 dólares quedan para el Estado (56 por ciento) y 42 dólares para el exportador (44 por ciento).* Si el precio internacional fuera inferior al valor de referencia (60,9) se aplica una alícuota de 45 por ciento.* Pero si el precio internacional del petróleo fuese inferior a 45 dólares por barril, el gobierno determinará los porcentajes a aplicar, en un plazo de 90 días hábiles.* El mismo criterio se aplicará a los productos derivados tales como naftas, kerosenos, fuel oil y aceites lubricantes, para los que rigen valores de corte y de referencia diferentes a los aplicados al crudo.
http://www.losandes.com.ar/nota.asp?nrc=415663&can=&nprt=1
http://www.losandes.com.ar/nota.asp?nrc=415663&can=&nprt=1
Hidrocarburos: Nuevo gobierno se niega a seguir «regalando» los recursos por el 12% de regalías
El secretario de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea, indicó que la política del nuevo gobierno en esa materia es que la provincia logre negocios asociándose con empresas para obtener un rédito mayor al 12% que ingresa en concepto de regalías. El funcionario consideró que es «regalar los recursos» conformarse con ese porcentaje. Indicó que cuando se liciten áreas, se tendrá en cuenta la oferta sobre el porcentual que le tocará al Estado fueguino en cada emprendimiento.
USHUAIA.- El secretario de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea, definió que la futura política en materia de hidrocarburos, buscará captar mayores recursos en la exploración y explotación, de manera de dejar de conformarse con el 12% que se recibe en concepto de regalías, calificando que ello es «regalar los recursos».El funcionario delineó que cuando se liciten nuevas áreas revertidas, se tendrá en cuenta como puntaje a favor de los oferentes, qué propuesta presenten al Estado fueguino en la participación de los emprendimientos. De esta forma, se buscará un encuadre legal a la hora de la confección de los pliegos, para insertar este mecanismo de puntuación.Hasta ahora, la licitación de las áreas petroleras se hace en base a dos propuestas: la técnica y la económica. Con la decisión del nuevo gobierno, se insertará una tercera, donde las empresas deberán hacer conocer en qué porcentaje la provincia participará del negocio de hidrocarburos.La visión que tiene D’Andrea respecto a la exploración hidrocarburíferas es que se trata de «negocios a largo plazo», que están dejando muy buenos dividendos a las empresas privadas que están en el negocio y, por lo tanto, se buscará que el Estado pueda tener un grado mayor de participación para no conformarse con el aporte en concepto de regalías que establece la ley vigente.No regalarlos«No hay que regalar los recursos por el 12%» de las regalías, dijo Eduardo D’Andrea, al trazar el objetivo de máxima que tiene esta cartera de gobierno, que fue jerarquizada a rango de Secretaría de Estado, cumpliendo con una exigencia del gobierno nacional, con el objeto de poder participar en la administración de los yacimientos revertidos que sean licitados.Cabe indicar que Tierra del Fuego está en condiciones de licitar el área CA 12, que comprende una importante porción de la zona norte de la Isla; donde existen potenciales pozos para ser explotados, tanto en la búsqueda de petróleo como de gas. Sobre esto, hubo una frustrada licitación del anterior gobierno, que estaba bajo sospecha.TODO UN MISTERIOEn la Secretaría de Hidrocarburos no fue encontrado el expediente que se formalizó para el llamado a licitación del AREA CA 12A, llamado a licitación que quedó trunco, luego de haber sido sospechado por las autoridades electas, al advertirse cierto direccionamiento para, presuntamente, favorecer a la empresa EPSUR, que había presentado un proyecto para la exploración y explotación de esa zona. La Secretaría Legal y Técnica fue instruida para que haga el seguimiento del expediente, el que según personal de planta del área de Hidrocarburos «se manejó siempre en estricto secreto»; según detalló el titular de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea.
http://www.surenio.com.ar/index.php?s=ARligwdw$$diarios/veo$WW9nawl0zi6p5dxmweg70
USHUAIA.- El secretario de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea, definió que la futura política en materia de hidrocarburos, buscará captar mayores recursos en la exploración y explotación, de manera de dejar de conformarse con el 12% que se recibe en concepto de regalías, calificando que ello es «regalar los recursos».El funcionario delineó que cuando se liciten nuevas áreas revertidas, se tendrá en cuenta como puntaje a favor de los oferentes, qué propuesta presenten al Estado fueguino en la participación de los emprendimientos. De esta forma, se buscará un encuadre legal a la hora de la confección de los pliegos, para insertar este mecanismo de puntuación.Hasta ahora, la licitación de las áreas petroleras se hace en base a dos propuestas: la técnica y la económica. Con la decisión del nuevo gobierno, se insertará una tercera, donde las empresas deberán hacer conocer en qué porcentaje la provincia participará del negocio de hidrocarburos.La visión que tiene D’Andrea respecto a la exploración hidrocarburíferas es que se trata de «negocios a largo plazo», que están dejando muy buenos dividendos a las empresas privadas que están en el negocio y, por lo tanto, se buscará que el Estado pueda tener un grado mayor de participación para no conformarse con el aporte en concepto de regalías que establece la ley vigente.No regalarlos«No hay que regalar los recursos por el 12%» de las regalías, dijo Eduardo D’Andrea, al trazar el objetivo de máxima que tiene esta cartera de gobierno, que fue jerarquizada a rango de Secretaría de Estado, cumpliendo con una exigencia del gobierno nacional, con el objeto de poder participar en la administración de los yacimientos revertidos que sean licitados.Cabe indicar que Tierra del Fuego está en condiciones de licitar el área CA 12, que comprende una importante porción de la zona norte de la Isla; donde existen potenciales pozos para ser explotados, tanto en la búsqueda de petróleo como de gas. Sobre esto, hubo una frustrada licitación del anterior gobierno, que estaba bajo sospecha.TODO UN MISTERIOEn la Secretaría de Hidrocarburos no fue encontrado el expediente que se formalizó para el llamado a licitación del AREA CA 12A, llamado a licitación que quedó trunco, luego de haber sido sospechado por las autoridades electas, al advertirse cierto direccionamiento para, presuntamente, favorecer a la empresa EPSUR, que había presentado un proyecto para la exploración y explotación de esa zona. La Secretaría Legal y Técnica fue instruida para que haga el seguimiento del expediente, el que según personal de planta del área de Hidrocarburos «se manejó siempre en estricto secreto»; según detalló el titular de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea.
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Sapag pone plazo a la compra de acciones de YPF
"Debe cerrarse antes de que se coticen en Bolsa". Acuerdo con las otras provincias en la Ofephi.
BUENOS AIRES (Télam y ABA) - El gobernador Jorge Sapag advirtió ayer, en la reunión que marcó el regreso de Neuquén a la Ofephi, que es preciso apurar la compra de las acciones de YPF que pretenden las provincias productores de hidrocarburos para intentar cerrar la operación antes de que la empresa coloque el 20% de su capital accionario en al Bolsa.
Sus declaraciones muestran que lo que las provincias pretenden es esa proporción de las acciones de YPF que Repsol quiere poner a la venta en la Bolsa de Comercio de manera paralela a la venta de otro 25% al grupo económico local Eskenazi.
Sapag señaló que Neuquén analizará todas las alternativas para adquirir acciones de la petrolera YPF.
"El tema es ver de qué manera se puede realizar esta iniciativa, como provincia, o algunas de ellas, para comprar acciones, de manera de tener presencia activa en la vida YPF que es tan importante para la Patagonia", aseguró el mandatario provincial.
Aclaró que en realidad se trata de una intención de adquirir esas acciones y que eso no significa que se haya adoptado la decisión.
"Esto requiere un consenso, un análisis financiero, la participación de los legisladores", explicó.
"Insisto en que esto es una intención. Depende del financiamiento, de la voluntad de YPF. Nosotros deseamos comprar, hay que ver que si Repsol YPF quiere vender, y eso es lo que tenemos que trabajar en estos días", concluyó el gobernador.
A la reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) participaron, además de Sapag y Das Neves -que quedó como presidente- Oscar Jorge (La Pampa), Celso Jaque (Mendoza), Juan Urtubey (Salta), y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego).
"Son decisiones que hay que tomar rápido porque hay que tomarlas antes de que las acciones de Repsol YPF salgan a la Bolsa; así que vamos a hacerlo en forma muy ejecutiva", añadió el neuquino
Das Neves y Sapag fueron los principales voceros del encuentro que se desarrolló este mediodía en la Casa de la Provincia de Salta en Buenos Aires
"Lo importante es que tenemos una actitud política de cohesión, de trabajar todos juntos", agregó el mandatario chubutense.
Si bien Neuquén nunca oficializó su salida de la Ofephi y siguió aportando la cuota societaria, la de ayer fue la primera ocasión en muchos años en la que un funcionario de la provincia -en este caso el gobernador Sapag- vuelve a participar de una reunión con sus pares de otros distritos productores.
Sapag señaló que todavía no hubo contacto con la empresa. "Estamos esperando que terminen todas las novedades acerca de la adquisición de este paquete accionario por parte de Eskenazi", dijo Sapag, para luego remarcar que la iniciativa de las provincias productoras "sería independiente y sin competir con las negociaciones que está llevando adelante este grupo argentino" para adquirir hasta el 25% de las acciones de YPF.
Durante el encuentro que mantuvieron los gobernadores, que se extendió por espacio de una hora y media, se rubricó también un documento de contenido reservado, que surgió del tratamiento del aumento de las retenciones a los hidrocarburos que aplicó el gobierno nacional en noviembre de este año, mediante la Resolución 394.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/12/20/200712r20s01.php
BUENOS AIRES (Télam y ABA) - El gobernador Jorge Sapag advirtió ayer, en la reunión que marcó el regreso de Neuquén a la Ofephi, que es preciso apurar la compra de las acciones de YPF que pretenden las provincias productores de hidrocarburos para intentar cerrar la operación antes de que la empresa coloque el 20% de su capital accionario en al Bolsa.
Sus declaraciones muestran que lo que las provincias pretenden es esa proporción de las acciones de YPF que Repsol quiere poner a la venta en la Bolsa de Comercio de manera paralela a la venta de otro 25% al grupo económico local Eskenazi.
Sapag señaló que Neuquén analizará todas las alternativas para adquirir acciones de la petrolera YPF.
"El tema es ver de qué manera se puede realizar esta iniciativa, como provincia, o algunas de ellas, para comprar acciones, de manera de tener presencia activa en la vida YPF que es tan importante para la Patagonia", aseguró el mandatario provincial.
Aclaró que en realidad se trata de una intención de adquirir esas acciones y que eso no significa que se haya adoptado la decisión.
"Esto requiere un consenso, un análisis financiero, la participación de los legisladores", explicó.
"Insisto en que esto es una intención. Depende del financiamiento, de la voluntad de YPF. Nosotros deseamos comprar, hay que ver que si Repsol YPF quiere vender, y eso es lo que tenemos que trabajar en estos días", concluyó el gobernador.
A la reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) participaron, además de Sapag y Das Neves -que quedó como presidente- Oscar Jorge (La Pampa), Celso Jaque (Mendoza), Juan Urtubey (Salta), y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego).
"Son decisiones que hay que tomar rápido porque hay que tomarlas antes de que las acciones de Repsol YPF salgan a la Bolsa; así que vamos a hacerlo en forma muy ejecutiva", añadió el neuquino
Das Neves y Sapag fueron los principales voceros del encuentro que se desarrolló este mediodía en la Casa de la Provincia de Salta en Buenos Aires
"Lo importante es que tenemos una actitud política de cohesión, de trabajar todos juntos", agregó el mandatario chubutense.
Si bien Neuquén nunca oficializó su salida de la Ofephi y siguió aportando la cuota societaria, la de ayer fue la primera ocasión en muchos años en la que un funcionario de la provincia -en este caso el gobernador Sapag- vuelve a participar de una reunión con sus pares de otros distritos productores.
Sapag señaló que todavía no hubo contacto con la empresa. "Estamos esperando que terminen todas las novedades acerca de la adquisición de este paquete accionario por parte de Eskenazi", dijo Sapag, para luego remarcar que la iniciativa de las provincias productoras "sería independiente y sin competir con las negociaciones que está llevando adelante este grupo argentino" para adquirir hasta el 25% de las acciones de YPF.
Durante el encuentro que mantuvieron los gobernadores, que se extendió por espacio de una hora y media, se rubricó también un documento de contenido reservado, que surgió del tratamiento del aumento de las retenciones a los hidrocarburos que aplicó el gobierno nacional en noviembre de este año, mediante la Resolución 394.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/12/20/200712r20s01.php
jueves, 20 de diciembre de 2007
Inversión para aumentar la generación energética
La empresa Pampa Holding invertirá $620 millones para aumentar la producción eléctrica de la central térmica de Loma de la Lata, en la provincia de Neuquén
Directivos del grupo informaron que se invertirán recursos propios para la puesta en marcha de una nueva turbina, que permita abastecer de energía a las industrias radicadas en la región.El representante del grupo, Marcos Marcelo Mindlin, explicó al gobernador Jorge Sapag que el emprendimiento tiene como ambición que la turbina esté en funcionamiento para el 2010.Por su parte, el mandatario provincial prometió "todo el apoyo en lo que hace a seguridad jurídica y abastecimiento de materias primas", para la concreción de la obra.Asimismo, recordó que en su plataforma política propuso que la provincia cobre regalías por explotación de hidrocarburos en especie, es decir en petróleo o gas.En tanto, Sapag asistirá mañana a la reunión que la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos OFEPHI realizará en Buenos Aires, para explicar la postura que sostendrá su gobierno en esta materia.
Fuente: Télam
http://www.infobae.com/contenidos/354921-100895-0-Inversi%C3%B3n-aumentar-la-generaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica
Directivos del grupo informaron que se invertirán recursos propios para la puesta en marcha de una nueva turbina, que permita abastecer de energía a las industrias radicadas en la región.El representante del grupo, Marcos Marcelo Mindlin, explicó al gobernador Jorge Sapag que el emprendimiento tiene como ambición que la turbina esté en funcionamiento para el 2010.Por su parte, el mandatario provincial prometió "todo el apoyo en lo que hace a seguridad jurídica y abastecimiento de materias primas", para la concreción de la obra.Asimismo, recordó que en su plataforma política propuso que la provincia cobre regalías por explotación de hidrocarburos en especie, es decir en petróleo o gas.En tanto, Sapag asistirá mañana a la reunión que la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos OFEPHI realizará en Buenos Aires, para explicar la postura que sostendrá su gobierno en esta materia.
Fuente: Télam
http://www.infobae.com/contenidos/354921-100895-0-Inversi%C3%B3n-aumentar-la-generaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica
miércoles, 19 de diciembre de 2007
Buenos Aires: Hoy miércoles se reúnen las provincias productoras de hidrocarburos en el marco de la reunión de la OFEPHI
Respecto al encuentro a realizarse hoy en la ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves se mostró complacido ya que la provincia de Chubut asumirá desde la fecha, y por dos años, la presidencia de la OFEPHI. Asimismo, el mandatario, se mostró muy duro con el saliente gobernador de Neuquén Sobisch, mientras que elogio al flamante Jorge Sapag quien reincorporación a esa provincia nuevamente al bloque patagónico de productores. La reunión dará comienzo a las 10 de la mañana, donde seguramente sera un tema central la reincorporación de la provincia del Neuquén una de las mayores productoras del país. Respecto de los estados participantes, Mario Das Neves, dijo a la prensa que “de los once gobernadores está prevista la concurrencia de ocho, llamó el de Jujuy, Walter Barrionuevo que no podía (estar) porque recién asumió y todavía está conformando el gabinete, pero va a traer un representante”.En ese sentido agrego que “están representadas todas las provincias y ahí asumiría la presidencia de la OFEPHI por un nuevo mandato, y vamos a tratar temas inherentes a las provincias productoras de hidrocarburos, fijaremos la posición respecto al último aumento de las retenciones”.En la ocasión, el mandatario de Chubut se mostró muy duro con la posición tomada por el gobernador saliente de Neuquén, Jorge Sobisch, de dejar el bloque patagónico al indicar que “obviamente Sapag no es Sobisch, esto está clarito, y ustedes van a ver cómo a partir de la gobernación de Jorge Sapag vamos a poder tener un bloque patagónico aún más fuerte porque no pudimos consolidar esto los últimos años, su integración total porque Sobisch tiene una actitud absolutamente individualista, pero Jorge Sapag es otra persona, tiene un concepto muy claro de la regionalización, un concepto muy claro respecto a lo estratégico que es potenciar y ponderar la región patagónica en cuanto a planteos que podemos hacer como región” afirmo.El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, por su parte confirmo su presencia en la reunión de productores. La actitud, fue descripta por medios locales como “el retorno de Neuquén al seno del organismo”. Sobre la OFEPHILa Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos fue creada el 8 de agosto de 1986, en Formosa, cuando se constituyó la junta de gobernadores y se eligió la comisión directiva.La Ofephi está integrada actualmente por los gobernadores de las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Fabiana Ríos, ARI), Santa Cruz (Daniel Peralta, FpV), Chubut (Mario Das Neves, FpV), Río Negro (Miguel Saiz, Concertación para el Desarrollo-UCR), La Pampa (Oscar Mario Jorge, PJ), Neuquén (Jorge Sapag, MPN), Mendoza (Celso Jaque, PJ), Salta (Juan Manuel Urtubey, FpV), Formosa (Gildo Insfrán, PJ), y Jujuy (Wálter Barrionuevo, Alianza para la Victoria).BolsonWeb Noticias[Redaccion]
http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=10564
http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=10564
lunes, 17 de diciembre de 2007
La venta de YPF a Eskenazi se anunciaría esta semana
Con la operación, Repsol reducirá su presencia en YPF al 55% y dará un enorme paso en su estrategia de rebalancear su exposición geográfica en la región
El proceso de venta de una parte de YPF que Repsol está a punto de completar y que se inicia con el traspaso de un 14,99% de la compañía al empresario Enrique Eskenazi fue bien valorado por los analistas de grupos como Credit Suisse, Fortis y Caja Madrid. El traspaso rondará los u$s3.700 millones, se hará en dos tramos (uno de 14,99% y otro de 10%) e implicará el retorno de los capitales argentinos a la compañía desde su privatización, a finales de los ‘90. Diversos trascendidos no dudan en señalar que la operación ya fue concretada pero será oficial cuando Repsol YPF envíe el comunicado a las autoridades bursátiles de Madrid, Nueva York y Buenos Aires.Según parece, la venta no es sólo una cuestión de precio, sino que tiene claves estratégicas y sociopolíticas de enorme envergadura. Repsol terminará reduciendo su presencia en YPF al 55%, con lo que da un enorme paso en su estrategia de rebalancear su exposición geográfica en Latinoamérica. Repsol quiere introducir en su balance más componente de inversiones en países de la OCDE, y mira hacia el Golfo de México, Caribe y Norte de Africa (Libia), por ejemplo. Contar con un socio local en la Argentina es el mejor escenario posible justo en estos momentos, en los que, con nuevos aires políticos en el país, este mercado podría abordar definitivamente una revisión de tarifas de los productos de hidrocarburos. Precisamente los bajos precios son los que mantuvieron estrangulado el crecimiento de YPF, y por extensión, el de Repsol en la zona. La venta del 45% de YPF y los acontecimientos que puedan ocurrir en los próximos meses en el país ayudarán a poner en valor esta compañía.La operación también tiene algunas incógnitas que Repsol debería explicar en los próximos días, una vez que se conozca la letra pequeña del acuerdo con Eskenazi. Repsol ha suscrito un acuerdo de “vendor loan” con Eskenazi. Son acuerdos de financiación muy habituales en grandes operaciones, mediante los cuales, el propio vendedor establece facilidades de pago al comprador. Saber hasta qué punto ata a Repsol con Eskenazi y cuáles son las condiciones exactas de ese acuerdo en un momento de tormenta financiera internacional ayudarían aún más a valorar positivamente el paso dado por Repsol. FondeoLa financiación de la compra fue aprobada por tres bancos internacionales: Creditt Suisse, UBS y el brasileño Itau, según trascendidos. Pero también la avalaron los otros dos bancos internacionales —en total son cinco— que participan de la megatransacción financiera: el Paris Bank y Morgan Stanley. Los bancos internacionales aprobaron la cotización global de YPF en unos u$s15.000 millones. Por lo tanto, la venta del 25% se hará por u$s3.750 millones, de los cuales el 90% será financiado. Así, la transacción podría tener dos pasos: una compra inicial del 14,99% de las acciones y un derecho de compra adicional por otro 10%. En total, el 25 por ciento. El traspaso del paquete accionario provocará cambios en la conducción de la compañía: Antonio Brufau seguirá como titular de Repsol-YPF, pero Enrique Eskenazi ocupará la vicepresidencia en la Argentina.Las provincias quieren sumarseLas provincias petroleras, que en la década pasada privatizaron su 10% en la petrolera YPF, ahora quieren volver a ser accionistas. Mario Das Neves, gobernador de Chubut, manifestó el jueves en un acto público que le resulta "importante para una provincia productora de hidrocarburos entrar en YPF" y agregó que mantiene conversaciones para ello con sus pares de Salta, Mendoza y Santa Cruz.En Repsol YPF no quisieron formular comentarios sobre las declaraciones de Das Neves, que hasta ahora no le había expresado a la empresa su intención de sumarse como accionista de YPF. Posteriormente y ante el requerimiento de la prensa, Das Neves explicó que "existe la posibilidad de que, si los bancos nos prestan el dinero, la provincia pueda ser propietaria de alguna acción de YPF y con esas acciones queremos mejorar la renta petrolera".El financiamiento sería a través de créditos internacionales, que tendrían como garantías las mismas acciones que se comprarán.El gobernador de Chubut también declaró: "Queremos un porcentaje, aunque mínimo de YPF, queremos tener directores en la compañía". Y dijo que el tema lo estaban hablando con los gobernadores de Neuquén, Santa Cruz, Mendoza y Salta, a través de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos)".La idea de las cuatro provincias interesadas, todas gobernadas por peronistas que siguen a la presidenta Cristina Fernández, consiste en comprar acciones de la petrolera argentina cuando Repsol YPF anuncie su salida a la Bolsa.
http://rrii.infobaeprofesional.com/notas/58626-La-venta-de-YPF-a-Eskenazi-se-anunciaria-esta-semana.html&cookie
El proceso de venta de una parte de YPF que Repsol está a punto de completar y que se inicia con el traspaso de un 14,99% de la compañía al empresario Enrique Eskenazi fue bien valorado por los analistas de grupos como Credit Suisse, Fortis y Caja Madrid. El traspaso rondará los u$s3.700 millones, se hará en dos tramos (uno de 14,99% y otro de 10%) e implicará el retorno de los capitales argentinos a la compañía desde su privatización, a finales de los ‘90. Diversos trascendidos no dudan en señalar que la operación ya fue concretada pero será oficial cuando Repsol YPF envíe el comunicado a las autoridades bursátiles de Madrid, Nueva York y Buenos Aires.Según parece, la venta no es sólo una cuestión de precio, sino que tiene claves estratégicas y sociopolíticas de enorme envergadura. Repsol terminará reduciendo su presencia en YPF al 55%, con lo que da un enorme paso en su estrategia de rebalancear su exposición geográfica en Latinoamérica. Repsol quiere introducir en su balance más componente de inversiones en países de la OCDE, y mira hacia el Golfo de México, Caribe y Norte de Africa (Libia), por ejemplo. Contar con un socio local en la Argentina es el mejor escenario posible justo en estos momentos, en los que, con nuevos aires políticos en el país, este mercado podría abordar definitivamente una revisión de tarifas de los productos de hidrocarburos. Precisamente los bajos precios son los que mantuvieron estrangulado el crecimiento de YPF, y por extensión, el de Repsol en la zona. La venta del 45% de YPF y los acontecimientos que puedan ocurrir en los próximos meses en el país ayudarán a poner en valor esta compañía.La operación también tiene algunas incógnitas que Repsol debería explicar en los próximos días, una vez que se conozca la letra pequeña del acuerdo con Eskenazi. Repsol ha suscrito un acuerdo de “vendor loan” con Eskenazi. Son acuerdos de financiación muy habituales en grandes operaciones, mediante los cuales, el propio vendedor establece facilidades de pago al comprador. Saber hasta qué punto ata a Repsol con Eskenazi y cuáles son las condiciones exactas de ese acuerdo en un momento de tormenta financiera internacional ayudarían aún más a valorar positivamente el paso dado por Repsol. FondeoLa financiación de la compra fue aprobada por tres bancos internacionales: Creditt Suisse, UBS y el brasileño Itau, según trascendidos. Pero también la avalaron los otros dos bancos internacionales —en total son cinco— que participan de la megatransacción financiera: el Paris Bank y Morgan Stanley. Los bancos internacionales aprobaron la cotización global de YPF en unos u$s15.000 millones. Por lo tanto, la venta del 25% se hará por u$s3.750 millones, de los cuales el 90% será financiado. Así, la transacción podría tener dos pasos: una compra inicial del 14,99% de las acciones y un derecho de compra adicional por otro 10%. En total, el 25 por ciento. El traspaso del paquete accionario provocará cambios en la conducción de la compañía: Antonio Brufau seguirá como titular de Repsol-YPF, pero Enrique Eskenazi ocupará la vicepresidencia en la Argentina.Las provincias quieren sumarseLas provincias petroleras, que en la década pasada privatizaron su 10% en la petrolera YPF, ahora quieren volver a ser accionistas. Mario Das Neves, gobernador de Chubut, manifestó el jueves en un acto público que le resulta "importante para una provincia productora de hidrocarburos entrar en YPF" y agregó que mantiene conversaciones para ello con sus pares de Salta, Mendoza y Santa Cruz.En Repsol YPF no quisieron formular comentarios sobre las declaraciones de Das Neves, que hasta ahora no le había expresado a la empresa su intención de sumarse como accionista de YPF. Posteriormente y ante el requerimiento de la prensa, Das Neves explicó que "existe la posibilidad de que, si los bancos nos prestan el dinero, la provincia pueda ser propietaria de alguna acción de YPF y con esas acciones queremos mejorar la renta petrolera".El financiamiento sería a través de créditos internacionales, que tendrían como garantías las mismas acciones que se comprarán.El gobernador de Chubut también declaró: "Queremos un porcentaje, aunque mínimo de YPF, queremos tener directores en la compañía". Y dijo que el tema lo estaban hablando con los gobernadores de Neuquén, Santa Cruz, Mendoza y Salta, a través de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos)".La idea de las cuatro provincias interesadas, todas gobernadas por peronistas que siguen a la presidenta Cristina Fernández, consiste en comprar acciones de la petrolera argentina cuando Repsol YPF anuncie su salida a la Bolsa.
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Las provincias petroleras quieren ser accionistas de YPF
Las provincias productoras de hidrocarburos están considerando tener alguna participación accionaria en la petrolera YPF en el contexto de la próxima venta de 25 por ciento de la compañía a un socio privado argentino, y la proyectada colocación en el mercado de hasta 20 por ciento adicional, anunciado por la española Repsol.Así lo reveló hoy aquí el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien además es vicepresidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), en declaraciones periodísticas formuladas al término de los actos oficiales en celebración del Centenario del descubrimiento de petróleo en el país.El mandatario destacó que "luego de la aprobación de la Ley Corta (referida a la propiedad de los hidrocarburos) las provincias productoras recuperaron poder de negociación con las empresas privadas del sector, de manera que no debe descartarse la participación de estas en YPF".Al respecto, Das Neves refirió que su gobierno está impulsando conversaciones con los de otras provincias productoras, y citó los casos de Mendoza, Salta, Santa Cruz, y hasta Neuquén, ya que esta última estaría considerando reintegrarse a la OFEPHI, zanjando diferencias planteadas con el ex gobernador Jorge Sobisch.La iniciativa en procura de la participación provincial en YPF fue explicada por Das Neves señalando que "resulta estratégico participar del manejo de los recursos naturales".Estas declaraciones se producen en momentos en que Chubut se apresta a avanzar en la negociación de una renovación de contratos de concesión de áreas petroleras con Repsol YPF, tal como lo hizo recientemente con Pan American Energy.El gobernador admitió que para encarar las negociaciones "se esta a la espera de la reestructuración accionaria de YPF", lo que según trascendió podría iniciarse en el primer trimestre de 2008 con la compra de 25 por ciento por parte del Grupo Eskenazi.De movida, Das Neves sostuvo que "como mínimo, las condiciones de un nuevo contrato deberán ser las mismas que ya rigen para el caso de Pan American Energy", al tiempo que consideró que las conversaciones podrían acelerarse en el transcurso del primer semestre de 2008"."Estamos trabajando con la Secretaria de Energía de la Nación en la recolección de toda la información necesaria sobre la compañía", señaló.El gobernador había participado poco antes de estas declaraciones de un acto organizado por YPF para inaugurar las obras de ampliación de la sede corporativa de la compañía en Comodoro Rivadavia.En la oportunidad, refirió ante el Director de Exploración y Producción de YPF, Tomás García Blanco, que "2008 será un año de definiciones por parte del gobierno provincial acerca de los criterios que se seguirán para recorrer juntos un camino beneficioso para la empresa y para la provincia y su comunidad".Por su parte, el directivo español ratificó la decisión de la compañía de realizar las inversiones necesarias "para aportar a un salto cuantitativo importante en materia de producción de hidrocarburos en el país, y garantizar su autoabastecimiento".García Blanco anunció que "en 2008 la compañía iniciará la perforación de pozos de exploración off shore en la plataforma argentina".Al respecto, detalló que YPF prevé invertir unos 200 millones de dólares en los próximos dos años para perforar un total de ocho pozos, la mitad de ellos en la Cuenca Golfo San Jorge, y el resto en las cuencas Colorado Marina (frente a Mar del Plata), Malvinas y Austral."Vamos a seguir acompañando el desarrollo de la Argentina y tenemos un diálogo abierto y franco con el gobierno (nacional) para poder seguir trabajando en un contexto de inversiones rentables", afirmó García Blanco, quien no cuestionó el aumento de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos dispuesta por el gobierno recientemente.
http://www.losandes.com.ar/2007/1213/UM/nota414208_1.htm
http://www.losandes.com.ar/2007/1213/UM/nota414208_1.htm
viernes, 14 de diciembre de 2007
ARTURO ILLIA Y LA ANULACION DE LOS CONTRATOS PETROLEROS
Introducción.-
Es normal escuchar del actual Presidente y de algunos ex presidentes, desmesurados elogios a los contratos petroleros firmados por Arturo Frondizi. Carlos Menem, por ejemplo, los calificó como “actos realmente geniales”. En cambio, manifestó que la anulación de dichos contratos, dispuesta en 1963 por el Presidente Illia, “fue un verdadero acto de corrupción, que le costó a la Argentina miles de millones de dólares. Y todavía no encuentro quien se haga responsable de ello”; también sostenía que constituían la continuidad de la política iniciada por Juan Perón en 1954 con el contrato firmado con la Standard Oil de California. Otros como Raúl Alfonsín, en agosto de 1987 y en una reunión ante petroleros privados realizada en la Residencia de Olivos, según Ámbito Financiero, sostenía que la anulación de los contratos fue un error.
Todos los críticos de la anulación coinciden, falazmente, en afirmar que se perdió el autoabastecimiento, que no fue logrado ni cercanamente, por lo que no puede haberese perdido; que se pagaron cuantiosas indemnizaciones, olvidando que Illia compró activos a las compañias y no les pago un solo dólar en concepto de reparación, cosa que si concretó Onganía mediante el Decreto Ley nº 17.246 a Ámoco y Cities Service; que el país perdió la oportunidad de exportar aprovechando los ciclos alcistas del precio del petróleo, cuando la actuales y paupéerimas reservas que ostentamos en la actualidad son producto de una política de extracción intensiva y depredatarioa como la instaurada por los contratos frondizistas en un país que sólo tiene reservorios para si uso interno; agragan también que se incrementó sustancialmente la producción, cosa que es cierta pero que no se debe a los contratos sino al Plan de Reactivación de YPF aprobado por el Presidente Eugenio Aramburu mediante el Decreto Ley nº 15.026.56, confeccionado por los mejores técnicos y especialistas argentinos.-Julio Canessa, Juan Sábato, Alejandro Clara, Jorge del Río, Carlos Alconada Aramburu, Antulio Pozzio, Conrado Storani, etc…- y que preveía el logro del autoabastemiento para 1961 en base a la exclusiva acción de YPF.
En un mundo donde nadie –salvo los gobiernos argentinos desde 1989 en adelante- discute el carácter estratégico de los hidrocarburos y donde observamos un recrudecimiento de los conflictos bélicos en pos de asegurarse la disposición de los reservorios más importantes, descalifica la anulación de los contratos petroleros dispuesta por Arturo Illia adquiere un carácter disparatado. Aquel acto constituyó, a mi juicio, la más importante decisión política y económica realizada desde 1963 a la fecha. Estaba orientada, en el estricto marco de las instituciones republicanas, a reparar la juridicidad del país, y a revertir el inicio del proceso de desnacionalización del patrimonio colectivo.
El elogio a Frondizi, y la crítica a la política de Illia de recuperación del poder de decisión nacional en una columna económica estratégica, representa una muestra paradigmática de los objetivos del neolibaralismo. Responde a la necesidad de minimizar el alcance de los actos soberanos de la Nación y del poder de decisión nacional enmarcado en las normas jurídicas preexistentes. Inversamente a la acción política de Illia, Frondizi, apenas llegado al poder, violó sus pactos preelectorales. Con esa conducta infligió un gravísimo daño al sistema democrático a través de la pérdida de credibilidad social en los dirigentes políticos, agudizando la crisis de representatividad. Fue un anticipo nefasto de los que hoy nos sucede, donde, sin afectar las normas de una seudo democracia con sufragio periódico, se consolida día a día un sistema plutocrático en el que se gobierna por y para el poder económico.
La revisión de los actos de gobierno es otro aspecto central de los decretos anulatorios, porque. ante la cantidad y la magnitud de los ilícitos cometidos podría llevar, en la gran mayoría de los casos, a la declaración administrativa o judicial de su nulidad. Para Illia no sólo se trataba de cumplir el compromiso preelectoral: también importaba demostrar que no existiría impunidad para nadie, ni para los corruptores ni para los corrompidos, por más alta que fuera la función desempeñada. La anulación por vía administrativa –ampliamente justificada en los Considerandos de los decretos anulatorios- lleva implicita un postulado de moral política actualmente olvidado: no se debe convivir con los ilícitos y menos aún justificarlos mediante su convalidación o inacción. Tales actos administrativos, en los que participaron Carlos Aconada Aramburu, Andel Salas, Adolfo Silenzi de Stagni, Antulio Pozzio, Juan Sábato, Héstor Masnatta, entre otros constituyen un tratado sobre las nulidades, las definiciones juridccionales, el concepto de servicio público, eccc; son tomados como ejemplo en países que atyraviezan situaciones de lucha para la recuperación de sus bienes hidrocarburífers, tales como Venezuela y Bolivia.
Los contratos no fueron una genialidad de Frondizi, eran jurídicamente nulos, moralmente corruptos y económicamente perjudiciales, y su anulación resultó objetivamente, y largo plazo, muy beneficiosa.
Consideraciones.-
Bien vale hacer un balance de la cuestión, sin olvidar que constituye uno de los hechos históricos más discutidos. La publicidad de importantes medios vinculados al privilegio económico ha tornado creíbles auténticas falacias. Como una primera aproximación, a tal fin, he considerado conveniente: 1) resumir un documento oficial del Comité Nacional de la UCRP, presidido entonces por el Dr. Ricardo Balbin y publicado en 1960 , cuando aun gobernaba el Dr. Frondizi empeñado en su famosa batalla del petróleo. 2) analizar la cuestión a la luz de los hechos sucedidos a partir de su anulación.-
1) Resumen del documento del Comité Nacional de la UCRP titulado: El petróleo en la República Argentina” – Buenos Aires, 1960.-
A.- Antecedentes
A medida que los requerimientos del desarrollo industrial y la transformación operada en el transporte, exigieron mayores cantidades en la producción petrolera, YPF fue adaptando su dimensión al compás de un crecimiento acelerado y de altos indices sin precedentes en esa Industria.
En la posguerra, la presencia de las petroleras internacionales en nuestro país, significó un permanente obstáculo para el desarrollo de la empresa nacional. Desde la creación de YPF sólo subsistían a la espera de que algún acontecimiento les permitiera lograr nueva importancia. Intentado en el año 1954 con el Contrato de la California firmado por Juan Perón, se consuma la operación luego del 1° de mayo de 1958.
Con los planes del desarrollo puestos en marcha luego del año 1955, dejando operar a la estructura petrolera argentina y llevando adelante los planes de reactivación ya iniciados, ajustándose estrictamente a la tradicional política petrolera argentina, el país lograba su autoabastecimiento de petróleo y gas natural para el año 1961.
El gobierno de Arturo Frondizi inauguró en l958 una falaz prédica declamatoria en torno de la necesidad y urgencia de autoabastecimiento, alegando la insuficiencia financiera y técnica del Estado A pesar de presentarlos como locaciones de obras y de servicios, eran típicas concesiones y, en consecuencia, violatorias de la Constitución, de leyes de la Nación, del Código de Minería y de las Constituciones provinciales.
Los pozos que perforaron las empresas concesionarias pasaron a ser de su propiedad, prácticamente hasta su agotamiento, y eran ellas quienes determinaban los volúmenes a extraer. YPF se obligó a adquirir el petróleo que produjesen aunque se excedieran las posibilidades de la empresa para transportarlo y/o almacenarlo, a un precio y en condiciones absolutamente antieconómicas.
Además de la irregularidad referida a la real naturaleza de dichos contratos, deben agregarse aquellas que se refieren a su tramitación, pues fueron gestados en la clandestinidad, se concertaron mediante una prolongada acefalía de la repartición oficial, por medio de un “delegado personal” del Presidente de la República (Arturo Sábato), desprovisto de autoridad legal y en transgresión al régimen institucional que vertebra el Estado de Derecho. Debe sumarse la ausencia de toda intervención de los organismos asesores y de control, con actuación preventiva en las contrataciones de YPF.
Enunciativamente, se mencionan las siguientes irregularidades formales y materiales, que fundamentaron la nulidad:
- Falta de licitación: tal como lo ordenaban las leyes vigentes.
-.Avance sobre las legislaciones provinciales: sin la aceptación provincial y contrariando expresas disposiciones de normas constitucionales de alguna de ellas.
-. Tratamiento impositivo excepcional: en violación de disposiciones constitucionales (artículos 16, 67 y concordantes). Y estas excepciones se sancionaron omitiendo la necesaria intervención del Congreso de la Nación.
-. Obligación de Y.P.F. para afianzar: los bancos Central e Industrial de la República, transgrediendo sus respectivas cartas orgánicas, debieron avalar a Y.P.F., pero a las empresas comprometidas a realizar las prestaciones, no se les requirió aval alguno.
-. Y.P.F. tomó a su cargo el caso fortuito y la fuerza mayor: invirtiendo los términos de cualquier relación contractual, Y.P.F. toma a su cargo cualquier evento que ocurra y haga imposible el estricto cumplimiento de la obligación a su cargo.
-. Se pactó el arbitraje: en violación del artículo 100 de la Constitución Nacional y las leyes procesales y de organización de los Tribunales Nacionales.
Asimismo, es necesario prestar atención a la real significación económica de los contratos, a saber:
- Monto real de las inversiones: no obstante que se informó que las inversiones comprometidas excederían los U$S 1.000 millones, las cantidades realmente obligatorias no llegaban a U$S 80 millones y las inversiones reales no pasaron de U$S 20 millones, pues lo demás serían reinversiones de sus grandes beneficios. Ello ha hecho decir a una revista especializada de los Estados Unidos “Hanson´s Latin American Letter”: “Cuando los argentinos despierten, se asombrarán de cómo, a cambio de tan poco capital, liquidaron tan valiosos yacimientos: entonces la indignación será muy grande”".
-. El precio que debe abonar Y.P.F.: se adoptó el criterio del precio internacional, llegando en muchos casos a superarlo, en virtud de las desgravaciones y beneficios. El costo promedio a pagar por Y.P.F. resultó de U$S 21,75 el m/3. Como en ese precio estaban incluidos los costos de exploración y desarrollo en que había incurrido YPF, en definitiva, ésta terminaba pagándolos dos veces.
Al tiempo de celebrarse estos contratos, el costo total de producción para Y.P.F. ascendía a U$S 4,50 el m/3 .
Se dió la paradoja que importando el petróleo (y no consumiendo nuestras reservas), resultaba apreciablemente más económico al país, pues los últimos embarques puestos en La Plata costaron un promedio de U$S 16,51 el m/3. Podría haberse justificado esta enorme diferencia con el costo de importación, si tan siquiera las contrataciones evitaran el drenaje de divisas que se generó. Pero ello tampoco ocurrió, puesto que los pagos debían realizarse en dólares. El aumento de más de 300% en los precios de la nafta, kerosene, gasoil, etc., fueron pues, la inmediata consecuencia de los contratos examinados.
Luego de consumadas las contrataciones que en mayor medida comprometieron los yacimientos de Y.P.F. el gobierno de Frondizi sancionó la ley 14.773, en la que se declaró que “los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos existentes en todo el territorio de la República, son bienes exclusivos, imprescriptibles e inalienables del Estado Nacional.” y que todas las actividades del ciclo económico de los hidrocarburos estarán a cargo de Y.P.F., Gas del Estado y Y.C.F.
Con posterioridad a su sanción se celebraron contratos con empresas extranjeras -Shell, Esso y otras- en flagrante violación a sus enunciados e incluso, concediéndoles beneficios significativos en las etapas de refinación y comercialización., que dañaban significativamente a YPF.
B.- El autoabastecimiento de Petróleo
-. Su verdadera significación: el problema del autoabastecimiento estaba vinculado a los factores que provocaban el estrangulamiento exterior de nuestra economía, pues el país sufría una secular pérdida en los términos de intercambio. Su obtención propendía al restablecimiento del equilibrio en la balanza de pagos y coadyuda al desarrollo industrial competitivo mediante la colocación en el mercado nacional de combustibles baratos. El problema del autoabastecimiento, padecido duramente en el trascurso de la Primera Guerra Mundial, fue uno de los motivos que inspiró a Hipólito Yrigoyen a crear Yacimientos Petrolíferos Fiscales, como a Marcelo Alvear y Enrque Mosconi para desarrollarla.
Ambas metas se había venido logrando rápidamente con YPF estatal. Por el contrario, con la celebración de los contratos se agravó el problema de la balanza financiera, pues:1) sus pagos estaban convenidos en moneda extranjera y 2) respecto del precio del combustible, el aumento del 300% nos explica por sí solo la nueva tendencia que se produjo en la evolución de los precios internos.
Como subsistió el drenaje de divisas, se deberían exceder las necesidades del mercado nacional, para lograr saldos exportables de petróleo y abonarle a las empresas extranjeras.
-. Las proyecciones para alcanzarlo: está demostrado que antes del 1/05/58 se habían puesto en marcha medidas que proveían, respecto de lo requerido para llegar al autoabastecimiento, un programa de acción del cual se había cumplimentado en los siguientes porcientos: en exploración el 100%, en producción de petróleo el 76%; en producción de gas el 82%; en refinación, el 92%. Virtualmente, el país estaba próximo a la meta definitiva.
-. La exportación y comercialización: la exportación del petróleo no es un objetivo en ningún país del mundo -con excepción de aquéllos que mantienen una estructura colonial de dependencia exterior- no sólo por tratarse de un factor vital para las economías nacionales, sino por su especial naturaleza - bien no reproducible, perecedero, estratégico, materia prima-poder- que debe ser racionalmente explotado en base a proyecciones de las necesidades del mercado interno.
Vale preguntarse por qué irrumpen en el escenario nacional estos contratos, y así, podemos señalar:
-. Causas internacionales: la demanda mundial de petróleo es creciente y el ideal del autoabastecimiento se aleja cada vez más de los países de alto desarrollo industrial, los cuales, dada su propensión al consumo, deben asegurarse reservas adecuadas para su crecimiento y seguridad. De allí, que en resguardo de sus intereses. EE.UU. busca fuentes seguras de provisión.
-. Causas nacionales: las políticas que se han seguido en esta materia, han empalmado con los “Slogans”de la libre empresa, cuya aplicación viene desarticulando las defensas de la economía nacional; algunos de ellos, como el que valoriza en cero al petróleo bajo tierra caen en el sentido del ridículo.
2) Análisis de las consecuencias de la anulación.-
Vale recordar que los contratos fueron firmados en una época de petróleo barato (u$s 12/m/3 ), signada por la acción expoliatoria de las multinacionales sobre los países productores. Por otra parte ya existía la certeza de una reacción inevitable por parte de estos últimos. Finalmente debe observarse la necesidad de EE.UU. de asegurarse el suministro de petróleo, ante la pérdida de su autoabastecimiento, problema que en su momento obligó al Presidente FRranklingh D. Roosevelt a ocupar militarmente los yacimientos.
Así podemos observar que en 1954 se produjo la creación del consorcio petrolero Iraní; en 1956 sucede la Crisis de Suez (2° crisis petrolera de la posguerra); en 1957 Enrico Mattei cierra tratos con el Sha de Irán; en 1958 se produce la Revolución Iraquí; en 1959 EEUU impone cuotas a la importación y se celebra el Congreso Petrolero Arabe y en 1960, los países productores fundan la OPEP. Todo indicaba la inestabilidad del precio internacional y esa circunstancia se constituyó en uno de los estratégicos básicos utilizados para anularlos.
Un análisis objetivo de la anulación demuestra que:
a) no implicó perder un autoabastecimiento, falazmente declamado y jamás alcanzado; importa señalar que el aumento de la producción obtenido a partir de 1958, se debió, más que a los contratos, al Plan de Reactivación de YPF iniciado en 1957 por el Presidente Aramburu. Los defensores de los contratos avalan sus afirmaciones en que en un solo més la producción superó al consumo; no dicen que de inmediato comenzó a bajar, incluso durante la vigencia de los contratos. Además, el autoabastecimiento se mide, aquí en en todos los países del mundo, an términos anuales y haciendo jugar los inventarios iniciales y finales; además, no incluyen las importaciones y las exportaciones de subproductos (naftas, gasoil, fueloil…) ni la de los bienes sustitutos, como el gas naturtal y el licuado. Argentina recién se autoabasteció en 1985.
Sostienen, asimismo, el gran aumento de la producción, que es cierto, pero que surge de que recibieron las mejores áreas en perfecto estado de funcionamiento; además, YPF, en las áreas que le quedaron produjo un aumento similar, a pesar de que debió regular la producción de éstas áreas para recibir la de los contratistas, de acuerdo a las exigencias contractuales.
b) no produjo una baja en la producción total de hidrocarburos (petróleo más gas), pues la caída de la producción se inició en 1963, ocasionada por la explotación irracional aplicada desde 1958;
c) no obligó al pago de indemnizaciones, ya que no pueden considerarse tales a las compras de activos realizadas a los contratistas, a precios de liquidación; las reconocidas por la Revolución Argentina mediante la Ley 17.246, consideró en otorgar nueva vigencia a dos de los contratos –Amoco y Cities Service- que judicialmente habían resisituido a la anulación decretada por Illia mediante los decretos nº 744 y 745 de 1963; sus áreas estaban a punto de ser ocupadas al producirse el golpe de junio de 1966.
d) permitió reorganizar YPF y reducir el incremento de los saldos comerciales negativos de la balanza energética, que se hubieran producido a causa del espectacular incremento de la actividad económica de los años 1964/65 ;
e) impidió que las crisis petroleras iniciadas a partir de 1973, que elevaron el precio internacional del petróleo de 15 a 200 U$S/ m/3 (1.230 %), afectaran de manera directa a la economía (pues los contratos estaban atados al precio internacional) agravando los problemas ocasionados por la baja del precio de nuestras exportaciones y el aumento de los biens importados, originado por el incremento mundial de los costos energéticos;
f) evitó pagar a los contratistas una cifra aproximada a U$S 3.500 millones, surgida de comparar el precio reconocido a YPF y el que ésta tendría que haberles pagado a los contratistas durante la vigencia de los contratos (ver trabajo de Conrado Storani publicado el 27/11/84 en Ambito Financiero “Análisis económico de la anulación de los contratos petroleros en 1963 por el Presidente Arturo Illia). Storani toma sólo tres contratos y trabajando en dólares de valor corrientes llega al siguiente detalle:
Amoco U$S 2.049.420.500
Cities Service U$S 775.517.550
Ex Tennessee U$S 689.743.530
TOTAL U$S 3.514.681.850
g) hizo posible que YPF descubriera el yacimiento gasífero gigante de Loma de la Lata, en un área que estaba en poder de la Esso que, a consecuencia del alto precio contractualmente convenido hubiese impedido alcanzar el desarrollo gasífero actual, o sólo podían haber accedido al mismos los más pudientes Además, su explotación total, le hubiese reportado al contratista ingresos cercanos a los U$S 64.000 millones, medido en valores actuales
h) no fue obstáculo para que el país pudiera eventualmente convertirse en exportador y aprovechara los años de precios altos, pues después de más de treinta años de esfuerzos exploratorios, las reservas siguen siendo pobres. La realidad que vivimos luego de la desreguación aplicada desde 1991, donde los horizonte de reservas de gas y petróleo pasaron, en relación a 1889, de 38 a 8 y de 18 a 5 años, respectivamente, da por tierra con la falacia de considerar a la Argentina como país exportador Por otra parte, YPF sólo hubiera podido exportar a pérdida, porque sus costos (precios contractuales más costos de transporte y almacenamiento, más impuestos y costos de los contratistas a su cargo), resultaban muy superiores a los precios de exportación.-
i ) terminó con contratos atados al precio internacional ,pagaderos casi totalmente en divisas y que al gozar de exenciones fiscales, llegaban a superarlo, configurando el único caso de un país que pagaba más por su petróleo que si lo importara. YPF no sólo no recuperaba los costos de exploración y desarrollo realizados en las áreas cedidas, ya que al estar incorporados al precio que debía abonar, terminaba pagándolos nuevamente.
j) Poseían irracionalidad técnica, porque al provocar la explotación intensiva, valiosos yacimientos sufrieron daños irreparables;
k) eran moralmente inaceptables e ilegales, pues, además de establecerlo los dictámenes de la Fiscalía Nacional e Investigaciones Administrativas presidida popr el Dr. Saadi Massué y de la Comisión Especial Investigadora sobre Petróleo de la Cámara de Diputados de 1964, con el voto favorable de todos los bloques (incluído el justicialista), con excepción del desarrollista-, en un fallo del 4 de julio de 1967, con jueces nombrados por el dictador Onganía, la Cámara Federal en lo Correccional y Criminal sostuvo que “los hechos denunciados como infracciones penales constituirían, en principio, los delitos de usurpación de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y concusión...” y dado el tiempo transcurrido no corresponde instruir sumario criminal “por prescripción de la acción penal”. Los procesados más importantes eran Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio y Arturo Sábato. Podemos deducir que, de no haberse producido el golpe del 28/06/66, responsables citados habrían sido condenados; de allí el apoyo de Arturo Fondizi al mismo.
Las crisis iniciadas en 1973 y los sucesivos aumentos de precio, privaron a los defensores de los contratos de uno de sus principales argumentos, pues el daño que hubiese sufrido la Nación si hubieran estado vigentes habría sido inmenso. Sólo los siguieron avalando los económicamente interesados y los desacreditados por los dictámenes legislativos y judiciales. Carentes de argumentos racionales y sin datos que los avalen, no vacilaron en repetir falacias que aún perduran -tales como el logro del autoabastecimiento y los costos de miles de millones de U$S en indemnizaciones- tratar de descalificar idónea y moralmente a los responsables de la anulación, llámense Arturo Illia, Carlos Perette, Eugenio Blanco, Antulio Pozzio, Juan Sábato, Conrado Storani, Carlos Alconada Aramburu, Amilcar Mercader, Juan Carlos Pugliese, Eugenio Blanco, Adolfo Silenzi de Stagni, entre otras personalidades de intachable conducta. Rogelio Frigerio los consideraba “personas vinculadas al negocio de la importación”... “que anteponían los intereses del comité a cualquier otra consideración, los que conscientemente hacían un daño al país” (Ver Rogelio Frigerio” -Editorial Abril 1983).
Es curioso observar que, en 1973 -cuando ya había comenzado la espectacular escalada alcista de los precios del petróleo- Rodolfo Terragno aun consideraba que en la Argentina en 1963 había tenido lugar una “actitud de nacionalismo vacío”... “en definitiva, se favoreció a empresas extranjeras del tipo Shell y Esso, más interesadas en la importación que en la explotación” ( Terragno Rodolfo : "Medio Oriente: los traficantes del petróleo". Ediciones de la Flor.-1974). Olvidaba que con la anulación a esas empresas, además de anulársele los contratos de explotación y/o exploración, se les terminaron los beneficios contractuales que obligaban a YPF a venderles petróleo a precios subsidiados y a cederles una porción del mercado.-
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2007.-
Gustavo A. Calleja
Ex Subsecretario de Combustibles de la Nación
Es normal escuchar del actual Presidente y de algunos ex presidentes, desmesurados elogios a los contratos petroleros firmados por Arturo Frondizi. Carlos Menem, por ejemplo, los calificó como “actos realmente geniales”. En cambio, manifestó que la anulación de dichos contratos, dispuesta en 1963 por el Presidente Illia, “fue un verdadero acto de corrupción, que le costó a la Argentina miles de millones de dólares. Y todavía no encuentro quien se haga responsable de ello”; también sostenía que constituían la continuidad de la política iniciada por Juan Perón en 1954 con el contrato firmado con la Standard Oil de California. Otros como Raúl Alfonsín, en agosto de 1987 y en una reunión ante petroleros privados realizada en la Residencia de Olivos, según Ámbito Financiero, sostenía que la anulación de los contratos fue un error.
Todos los críticos de la anulación coinciden, falazmente, en afirmar que se perdió el autoabastecimiento, que no fue logrado ni cercanamente, por lo que no puede haberese perdido; que se pagaron cuantiosas indemnizaciones, olvidando que Illia compró activos a las compañias y no les pago un solo dólar en concepto de reparación, cosa que si concretó Onganía mediante el Decreto Ley nº 17.246 a Ámoco y Cities Service; que el país perdió la oportunidad de exportar aprovechando los ciclos alcistas del precio del petróleo, cuando la actuales y paupéerimas reservas que ostentamos en la actualidad son producto de una política de extracción intensiva y depredatarioa como la instaurada por los contratos frondizistas en un país que sólo tiene reservorios para si uso interno; agragan también que se incrementó sustancialmente la producción, cosa que es cierta pero que no se debe a los contratos sino al Plan de Reactivación de YPF aprobado por el Presidente Eugenio Aramburu mediante el Decreto Ley nº 15.026.56, confeccionado por los mejores técnicos y especialistas argentinos.-Julio Canessa, Juan Sábato, Alejandro Clara, Jorge del Río, Carlos Alconada Aramburu, Antulio Pozzio, Conrado Storani, etc…- y que preveía el logro del autoabastemiento para 1961 en base a la exclusiva acción de YPF.
En un mundo donde nadie –salvo los gobiernos argentinos desde 1989 en adelante- discute el carácter estratégico de los hidrocarburos y donde observamos un recrudecimiento de los conflictos bélicos en pos de asegurarse la disposición de los reservorios más importantes, descalifica la anulación de los contratos petroleros dispuesta por Arturo Illia adquiere un carácter disparatado. Aquel acto constituyó, a mi juicio, la más importante decisión política y económica realizada desde 1963 a la fecha. Estaba orientada, en el estricto marco de las instituciones republicanas, a reparar la juridicidad del país, y a revertir el inicio del proceso de desnacionalización del patrimonio colectivo.
El elogio a Frondizi, y la crítica a la política de Illia de recuperación del poder de decisión nacional en una columna económica estratégica, representa una muestra paradigmática de los objetivos del neolibaralismo. Responde a la necesidad de minimizar el alcance de los actos soberanos de la Nación y del poder de decisión nacional enmarcado en las normas jurídicas preexistentes. Inversamente a la acción política de Illia, Frondizi, apenas llegado al poder, violó sus pactos preelectorales. Con esa conducta infligió un gravísimo daño al sistema democrático a través de la pérdida de credibilidad social en los dirigentes políticos, agudizando la crisis de representatividad. Fue un anticipo nefasto de los que hoy nos sucede, donde, sin afectar las normas de una seudo democracia con sufragio periódico, se consolida día a día un sistema plutocrático en el que se gobierna por y para el poder económico.
La revisión de los actos de gobierno es otro aspecto central de los decretos anulatorios, porque. ante la cantidad y la magnitud de los ilícitos cometidos podría llevar, en la gran mayoría de los casos, a la declaración administrativa o judicial de su nulidad. Para Illia no sólo se trataba de cumplir el compromiso preelectoral: también importaba demostrar que no existiría impunidad para nadie, ni para los corruptores ni para los corrompidos, por más alta que fuera la función desempeñada. La anulación por vía administrativa –ampliamente justificada en los Considerandos de los decretos anulatorios- lleva implicita un postulado de moral política actualmente olvidado: no se debe convivir con los ilícitos y menos aún justificarlos mediante su convalidación o inacción. Tales actos administrativos, en los que participaron Carlos Aconada Aramburu, Andel Salas, Adolfo Silenzi de Stagni, Antulio Pozzio, Juan Sábato, Héstor Masnatta, entre otros constituyen un tratado sobre las nulidades, las definiciones juridccionales, el concepto de servicio público, eccc; son tomados como ejemplo en países que atyraviezan situaciones de lucha para la recuperación de sus bienes hidrocarburífers, tales como Venezuela y Bolivia.
Los contratos no fueron una genialidad de Frondizi, eran jurídicamente nulos, moralmente corruptos y económicamente perjudiciales, y su anulación resultó objetivamente, y largo plazo, muy beneficiosa.
Consideraciones.-
Bien vale hacer un balance de la cuestión, sin olvidar que constituye uno de los hechos históricos más discutidos. La publicidad de importantes medios vinculados al privilegio económico ha tornado creíbles auténticas falacias. Como una primera aproximación, a tal fin, he considerado conveniente: 1) resumir un documento oficial del Comité Nacional de la UCRP, presidido entonces por el Dr. Ricardo Balbin y publicado en 1960 , cuando aun gobernaba el Dr. Frondizi empeñado en su famosa batalla del petróleo. 2) analizar la cuestión a la luz de los hechos sucedidos a partir de su anulación.-
1) Resumen del documento del Comité Nacional de la UCRP titulado: El petróleo en la República Argentina” – Buenos Aires, 1960.-
A.- Antecedentes
A medida que los requerimientos del desarrollo industrial y la transformación operada en el transporte, exigieron mayores cantidades en la producción petrolera, YPF fue adaptando su dimensión al compás de un crecimiento acelerado y de altos indices sin precedentes en esa Industria.
En la posguerra, la presencia de las petroleras internacionales en nuestro país, significó un permanente obstáculo para el desarrollo de la empresa nacional. Desde la creación de YPF sólo subsistían a la espera de que algún acontecimiento les permitiera lograr nueva importancia. Intentado en el año 1954 con el Contrato de la California firmado por Juan Perón, se consuma la operación luego del 1° de mayo de 1958.
Con los planes del desarrollo puestos en marcha luego del año 1955, dejando operar a la estructura petrolera argentina y llevando adelante los planes de reactivación ya iniciados, ajustándose estrictamente a la tradicional política petrolera argentina, el país lograba su autoabastecimiento de petróleo y gas natural para el año 1961.
El gobierno de Arturo Frondizi inauguró en l958 una falaz prédica declamatoria en torno de la necesidad y urgencia de autoabastecimiento, alegando la insuficiencia financiera y técnica del Estado A pesar de presentarlos como locaciones de obras y de servicios, eran típicas concesiones y, en consecuencia, violatorias de la Constitución, de leyes de la Nación, del Código de Minería y de las Constituciones provinciales.
Los pozos que perforaron las empresas concesionarias pasaron a ser de su propiedad, prácticamente hasta su agotamiento, y eran ellas quienes determinaban los volúmenes a extraer. YPF se obligó a adquirir el petróleo que produjesen aunque se excedieran las posibilidades de la empresa para transportarlo y/o almacenarlo, a un precio y en condiciones absolutamente antieconómicas.
Además de la irregularidad referida a la real naturaleza de dichos contratos, deben agregarse aquellas que se refieren a su tramitación, pues fueron gestados en la clandestinidad, se concertaron mediante una prolongada acefalía de la repartición oficial, por medio de un “delegado personal” del Presidente de la República (Arturo Sábato), desprovisto de autoridad legal y en transgresión al régimen institucional que vertebra el Estado de Derecho. Debe sumarse la ausencia de toda intervención de los organismos asesores y de control, con actuación preventiva en las contrataciones de YPF.
Enunciativamente, se mencionan las siguientes irregularidades formales y materiales, que fundamentaron la nulidad:
- Falta de licitación: tal como lo ordenaban las leyes vigentes.
-.Avance sobre las legislaciones provinciales: sin la aceptación provincial y contrariando expresas disposiciones de normas constitucionales de alguna de ellas.
-. Tratamiento impositivo excepcional: en violación de disposiciones constitucionales (artículos 16, 67 y concordantes). Y estas excepciones se sancionaron omitiendo la necesaria intervención del Congreso de la Nación.
-. Obligación de Y.P.F. para afianzar: los bancos Central e Industrial de la República, transgrediendo sus respectivas cartas orgánicas, debieron avalar a Y.P.F., pero a las empresas comprometidas a realizar las prestaciones, no se les requirió aval alguno.
-. Y.P.F. tomó a su cargo el caso fortuito y la fuerza mayor: invirtiendo los términos de cualquier relación contractual, Y.P.F. toma a su cargo cualquier evento que ocurra y haga imposible el estricto cumplimiento de la obligación a su cargo.
-. Se pactó el arbitraje: en violación del artículo 100 de la Constitución Nacional y las leyes procesales y de organización de los Tribunales Nacionales.
Asimismo, es necesario prestar atención a la real significación económica de los contratos, a saber:
- Monto real de las inversiones: no obstante que se informó que las inversiones comprometidas excederían los U$S 1.000 millones, las cantidades realmente obligatorias no llegaban a U$S 80 millones y las inversiones reales no pasaron de U$S 20 millones, pues lo demás serían reinversiones de sus grandes beneficios. Ello ha hecho decir a una revista especializada de los Estados Unidos “Hanson´s Latin American Letter”: “Cuando los argentinos despierten, se asombrarán de cómo, a cambio de tan poco capital, liquidaron tan valiosos yacimientos: entonces la indignación será muy grande”".
-. El precio que debe abonar Y.P.F.: se adoptó el criterio del precio internacional, llegando en muchos casos a superarlo, en virtud de las desgravaciones y beneficios. El costo promedio a pagar por Y.P.F. resultó de U$S 21,75 el m/3. Como en ese precio estaban incluidos los costos de exploración y desarrollo en que había incurrido YPF, en definitiva, ésta terminaba pagándolos dos veces.
Al tiempo de celebrarse estos contratos, el costo total de producción para Y.P.F. ascendía a U$S 4,50 el m/3 .
Se dió la paradoja que importando el petróleo (y no consumiendo nuestras reservas), resultaba apreciablemente más económico al país, pues los últimos embarques puestos en La Plata costaron un promedio de U$S 16,51 el m/3. Podría haberse justificado esta enorme diferencia con el costo de importación, si tan siquiera las contrataciones evitaran el drenaje de divisas que se generó. Pero ello tampoco ocurrió, puesto que los pagos debían realizarse en dólares. El aumento de más de 300% en los precios de la nafta, kerosene, gasoil, etc., fueron pues, la inmediata consecuencia de los contratos examinados.
Luego de consumadas las contrataciones que en mayor medida comprometieron los yacimientos de Y.P.F. el gobierno de Frondizi sancionó la ley 14.773, en la que se declaró que “los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos existentes en todo el territorio de la República, son bienes exclusivos, imprescriptibles e inalienables del Estado Nacional.” y que todas las actividades del ciclo económico de los hidrocarburos estarán a cargo de Y.P.F., Gas del Estado y Y.C.F.
Con posterioridad a su sanción se celebraron contratos con empresas extranjeras -Shell, Esso y otras- en flagrante violación a sus enunciados e incluso, concediéndoles beneficios significativos en las etapas de refinación y comercialización., que dañaban significativamente a YPF.
B.- El autoabastecimiento de Petróleo
-. Su verdadera significación: el problema del autoabastecimiento estaba vinculado a los factores que provocaban el estrangulamiento exterior de nuestra economía, pues el país sufría una secular pérdida en los términos de intercambio. Su obtención propendía al restablecimiento del equilibrio en la balanza de pagos y coadyuda al desarrollo industrial competitivo mediante la colocación en el mercado nacional de combustibles baratos. El problema del autoabastecimiento, padecido duramente en el trascurso de la Primera Guerra Mundial, fue uno de los motivos que inspiró a Hipólito Yrigoyen a crear Yacimientos Petrolíferos Fiscales, como a Marcelo Alvear y Enrque Mosconi para desarrollarla.
Ambas metas se había venido logrando rápidamente con YPF estatal. Por el contrario, con la celebración de los contratos se agravó el problema de la balanza financiera, pues:1) sus pagos estaban convenidos en moneda extranjera y 2) respecto del precio del combustible, el aumento del 300% nos explica por sí solo la nueva tendencia que se produjo en la evolución de los precios internos.
Como subsistió el drenaje de divisas, se deberían exceder las necesidades del mercado nacional, para lograr saldos exportables de petróleo y abonarle a las empresas extranjeras.
-. Las proyecciones para alcanzarlo: está demostrado que antes del 1/05/58 se habían puesto en marcha medidas que proveían, respecto de lo requerido para llegar al autoabastecimiento, un programa de acción del cual se había cumplimentado en los siguientes porcientos: en exploración el 100%, en producción de petróleo el 76%; en producción de gas el 82%; en refinación, el 92%. Virtualmente, el país estaba próximo a la meta definitiva.
-. La exportación y comercialización: la exportación del petróleo no es un objetivo en ningún país del mundo -con excepción de aquéllos que mantienen una estructura colonial de dependencia exterior- no sólo por tratarse de un factor vital para las economías nacionales, sino por su especial naturaleza - bien no reproducible, perecedero, estratégico, materia prima-poder- que debe ser racionalmente explotado en base a proyecciones de las necesidades del mercado interno.
Vale preguntarse por qué irrumpen en el escenario nacional estos contratos, y así, podemos señalar:
-. Causas internacionales: la demanda mundial de petróleo es creciente y el ideal del autoabastecimiento se aleja cada vez más de los países de alto desarrollo industrial, los cuales, dada su propensión al consumo, deben asegurarse reservas adecuadas para su crecimiento y seguridad. De allí, que en resguardo de sus intereses. EE.UU. busca fuentes seguras de provisión.
-. Causas nacionales: las políticas que se han seguido en esta materia, han empalmado con los “Slogans”de la libre empresa, cuya aplicación viene desarticulando las defensas de la economía nacional; algunos de ellos, como el que valoriza en cero al petróleo bajo tierra caen en el sentido del ridículo.
2) Análisis de las consecuencias de la anulación.-
Vale recordar que los contratos fueron firmados en una época de petróleo barato (u$s 12/m/3 ), signada por la acción expoliatoria de las multinacionales sobre los países productores. Por otra parte ya existía la certeza de una reacción inevitable por parte de estos últimos. Finalmente debe observarse la necesidad de EE.UU. de asegurarse el suministro de petróleo, ante la pérdida de su autoabastecimiento, problema que en su momento obligó al Presidente FRranklingh D. Roosevelt a ocupar militarmente los yacimientos.
Así podemos observar que en 1954 se produjo la creación del consorcio petrolero Iraní; en 1956 sucede la Crisis de Suez (2° crisis petrolera de la posguerra); en 1957 Enrico Mattei cierra tratos con el Sha de Irán; en 1958 se produce la Revolución Iraquí; en 1959 EEUU impone cuotas a la importación y se celebra el Congreso Petrolero Arabe y en 1960, los países productores fundan la OPEP. Todo indicaba la inestabilidad del precio internacional y esa circunstancia se constituyó en uno de los estratégicos básicos utilizados para anularlos.
Un análisis objetivo de la anulación demuestra que:
a) no implicó perder un autoabastecimiento, falazmente declamado y jamás alcanzado; importa señalar que el aumento de la producción obtenido a partir de 1958, se debió, más que a los contratos, al Plan de Reactivación de YPF iniciado en 1957 por el Presidente Aramburu. Los defensores de los contratos avalan sus afirmaciones en que en un solo més la producción superó al consumo; no dicen que de inmediato comenzó a bajar, incluso durante la vigencia de los contratos. Además, el autoabastecimiento se mide, aquí en en todos los países del mundo, an términos anuales y haciendo jugar los inventarios iniciales y finales; además, no incluyen las importaciones y las exportaciones de subproductos (naftas, gasoil, fueloil…) ni la de los bienes sustitutos, como el gas naturtal y el licuado. Argentina recién se autoabasteció en 1985.
Sostienen, asimismo, el gran aumento de la producción, que es cierto, pero que surge de que recibieron las mejores áreas en perfecto estado de funcionamiento; además, YPF, en las áreas que le quedaron produjo un aumento similar, a pesar de que debió regular la producción de éstas áreas para recibir la de los contratistas, de acuerdo a las exigencias contractuales.
b) no produjo una baja en la producción total de hidrocarburos (petróleo más gas), pues la caída de la producción se inició en 1963, ocasionada por la explotación irracional aplicada desde 1958;
c) no obligó al pago de indemnizaciones, ya que no pueden considerarse tales a las compras de activos realizadas a los contratistas, a precios de liquidación; las reconocidas por la Revolución Argentina mediante la Ley 17.246, consideró en otorgar nueva vigencia a dos de los contratos –Amoco y Cities Service- que judicialmente habían resisituido a la anulación decretada por Illia mediante los decretos nº 744 y 745 de 1963; sus áreas estaban a punto de ser ocupadas al producirse el golpe de junio de 1966.
d) permitió reorganizar YPF y reducir el incremento de los saldos comerciales negativos de la balanza energética, que se hubieran producido a causa del espectacular incremento de la actividad económica de los años 1964/65 ;
e) impidió que las crisis petroleras iniciadas a partir de 1973, que elevaron el precio internacional del petróleo de 15 a 200 U$S/ m/3 (1.230 %), afectaran de manera directa a la economía (pues los contratos estaban atados al precio internacional) agravando los problemas ocasionados por la baja del precio de nuestras exportaciones y el aumento de los biens importados, originado por el incremento mundial de los costos energéticos;
f) evitó pagar a los contratistas una cifra aproximada a U$S 3.500 millones, surgida de comparar el precio reconocido a YPF y el que ésta tendría que haberles pagado a los contratistas durante la vigencia de los contratos (ver trabajo de Conrado Storani publicado el 27/11/84 en Ambito Financiero “Análisis económico de la anulación de los contratos petroleros en 1963 por el Presidente Arturo Illia). Storani toma sólo tres contratos y trabajando en dólares de valor corrientes llega al siguiente detalle:
Amoco U$S 2.049.420.500
Cities Service U$S 775.517.550
Ex Tennessee U$S 689.743.530
TOTAL U$S 3.514.681.850
g) hizo posible que YPF descubriera el yacimiento gasífero gigante de Loma de la Lata, en un área que estaba en poder de la Esso que, a consecuencia del alto precio contractualmente convenido hubiese impedido alcanzar el desarrollo gasífero actual, o sólo podían haber accedido al mismos los más pudientes Además, su explotación total, le hubiese reportado al contratista ingresos cercanos a los U$S 64.000 millones, medido en valores actuales
h) no fue obstáculo para que el país pudiera eventualmente convertirse en exportador y aprovechara los años de precios altos, pues después de más de treinta años de esfuerzos exploratorios, las reservas siguen siendo pobres. La realidad que vivimos luego de la desreguación aplicada desde 1991, donde los horizonte de reservas de gas y petróleo pasaron, en relación a 1889, de 38 a 8 y de 18 a 5 años, respectivamente, da por tierra con la falacia de considerar a la Argentina como país exportador Por otra parte, YPF sólo hubiera podido exportar a pérdida, porque sus costos (precios contractuales más costos de transporte y almacenamiento, más impuestos y costos de los contratistas a su cargo), resultaban muy superiores a los precios de exportación.-
i ) terminó con contratos atados al precio internacional ,pagaderos casi totalmente en divisas y que al gozar de exenciones fiscales, llegaban a superarlo, configurando el único caso de un país que pagaba más por su petróleo que si lo importara. YPF no sólo no recuperaba los costos de exploración y desarrollo realizados en las áreas cedidas, ya que al estar incorporados al precio que debía abonar, terminaba pagándolos nuevamente.
j) Poseían irracionalidad técnica, porque al provocar la explotación intensiva, valiosos yacimientos sufrieron daños irreparables;
k) eran moralmente inaceptables e ilegales, pues, además de establecerlo los dictámenes de la Fiscalía Nacional e Investigaciones Administrativas presidida popr el Dr. Saadi Massué y de la Comisión Especial Investigadora sobre Petróleo de la Cámara de Diputados de 1964, con el voto favorable de todos los bloques (incluído el justicialista), con excepción del desarrollista-, en un fallo del 4 de julio de 1967, con jueces nombrados por el dictador Onganía, la Cámara Federal en lo Correccional y Criminal sostuvo que “los hechos denunciados como infracciones penales constituirían, en principio, los delitos de usurpación de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y concusión...” y dado el tiempo transcurrido no corresponde instruir sumario criminal “por prescripción de la acción penal”. Los procesados más importantes eran Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio y Arturo Sábato. Podemos deducir que, de no haberse producido el golpe del 28/06/66, responsables citados habrían sido condenados; de allí el apoyo de Arturo Fondizi al mismo.
Las crisis iniciadas en 1973 y los sucesivos aumentos de precio, privaron a los defensores de los contratos de uno de sus principales argumentos, pues el daño que hubiese sufrido la Nación si hubieran estado vigentes habría sido inmenso. Sólo los siguieron avalando los económicamente interesados y los desacreditados por los dictámenes legislativos y judiciales. Carentes de argumentos racionales y sin datos que los avalen, no vacilaron en repetir falacias que aún perduran -tales como el logro del autoabastecimiento y los costos de miles de millones de U$S en indemnizaciones- tratar de descalificar idónea y moralmente a los responsables de la anulación, llámense Arturo Illia, Carlos Perette, Eugenio Blanco, Antulio Pozzio, Juan Sábato, Conrado Storani, Carlos Alconada Aramburu, Amilcar Mercader, Juan Carlos Pugliese, Eugenio Blanco, Adolfo Silenzi de Stagni, entre otras personalidades de intachable conducta. Rogelio Frigerio los consideraba “personas vinculadas al negocio de la importación”... “que anteponían los intereses del comité a cualquier otra consideración, los que conscientemente hacían un daño al país” (Ver Rogelio Frigerio” -Editorial Abril 1983).
Es curioso observar que, en 1973 -cuando ya había comenzado la espectacular escalada alcista de los precios del petróleo- Rodolfo Terragno aun consideraba que en la Argentina en 1963 había tenido lugar una “actitud de nacionalismo vacío”... “en definitiva, se favoreció a empresas extranjeras del tipo Shell y Esso, más interesadas en la importación que en la explotación” ( Terragno Rodolfo : "Medio Oriente: los traficantes del petróleo". Ediciones de la Flor.-1974). Olvidaba que con la anulación a esas empresas, además de anulársele los contratos de explotación y/o exploración, se les terminaron los beneficios contractuales que obligaban a YPF a venderles petróleo a precios subsidiados y a cederles una porción del mercado.-
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2007.-
Gustavo A. Calleja
Ex Subsecretario de Combustibles de la Nación
PETRÓLEO: 100 AÑOS DE SU DESCUBRIMIENTO, UN DESFESTEJO Y UN COMPROMISO MILITANTE
Se acerca el 13 de diciembre y se cumplirán 100 años del descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia No hay nada para festejar y mucho por lo que luchar. De ejemplo seguido por todos los países del mundo, pasamos a ser el modelo a no seguir; y lo peor es que persistimos en mantenerlo. Valen, en pos de clarificar el tema y en homenaje a algunos y desprecio a otros, formular estos breves comentarios históricos.
En 1810 los argentinos nacimos como Nación y nos quedamos con las potestades y bienes que pertenecían a España que estaban administradas por los virreyes dentro de un régimen unitario; entre ellos el subsuelo; regían las Ordenanzas de Nueva España. Posteriormente, a instancias organizativas y como consecuencia de la Revolución de Mayo aparecieron las provincias. Todos los gobiernos posteriores a 1810 – Triunvirato de 1813, Estatuto Provisional de 1817 y el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina posterior a la sanción de la Constitución de 1853, entre otras- ratificaron la vigencia de las normas heredadas; es decir, la propiedad nacional del subsuelo y la potestad de administrarlo. Recién en 1875 con Roca se sanciona el Código de Minería entregando el subsuelo a las provincias y prohibiendo la actividad minera del Estado; pero también es Roca quien avizorando los abusos de los privados y la indefección estatal, sanciona la Ley de Tierras Fiscales. En ese momento existían sólo catorce provincias; quedaron para la Nación los extensos territorios nacionales; entre ellos la Patagonia. Desde ese momento, las autorizaciones para explorar y explotar eran concedidas por las Provincias o la Nación, según su ubicación territorial.
Si miramos hacia 1907 la primera conclusión que podemos sacar es que estamos peor. Tal aseveración surge de observar que un conservador como Figueroa Alcorta, apenas descubierto el petróleo en Comodoro Rivadavia e impedido de aplicar el Código de Minería, utilizó de inmediato la Ley de Tierras y reservó para el Estado Nacional una extensa zona aledaña al descubrimiento. No fue una resolución que salió de improviso, sino de una convicción sobre las características estratégicas del petróleo que se estaba formando en la élite gobernante, especialmente por lo que sucedía en los EEUU y en Europa. En especial, Jorge Newbery y la Armada Nacional fueron quienes más se ocuparon del tema. Figueroa Alcorta –un conservador más lúcido que los actuales que nos gobiernan ininterrumpidamente desde 1989, marcó el inicio de una política que siguió en vigencia hasta 1989.
Con diferencias significativas, que incluyeron avances y retrocesos, quienes sucedieron a Figueroa Alcorta desarrollaron políticas acordes con el criterio de considerarlo una materia prima-poder. La creación de la Dirección del Petróleo de Comodoro Rivadavia (Roque Saenz Peña), antecesora de YPF, que fue creada en 1922 por Hipólito Yrigoyen, quien definió las grandes líneas; subsuelo exclusivamente nacional, monopolio estatal-nacional de explotación, “no exportarlo y convertirlo en metálico”, en sus palabras” y “dedicarlo al desarrollo de nuestras industrias”, expropiar todas las concesiones privadas vigentes. Alvear con su Ministro Le Bretón designan a Mosconi al frente de YPF y éste, ante el freno del Senado a la Ley de Nacionalización y Estatización, les pide y obtiene la anulación de las concesiones y permisos otorgados anteriormente, que cubrían casi íntegramente el territorio nacional, hecho oportunamente denunciado por el Ing. Huergo. La gesta histórica ypefiana culmina con la toma del mercado de los combustibles líquidos en 1929 por parte de YPF, vigente hasta hoy pero con otros beneficiarios de las ganancias y con objetivos estratégicos determinados por el Reino Borbón. Es un hecho que Mosconi e Yrigoyen consideraron el 9 de Julio económico, que otorgaba vida al 9 de Julio político de 1816; además, suprimía la remisión al exterior de las utilidades, “que tomaban el camino del mar” en términos mosconéanos Mosconi, y eliminaba el precio internacional dejando la potestad de fijarlos en el gobierno nacional.
Posteriormente, merecen destacarse la creación de los Fondos Específicos Viales por parte de Justo y de los energéticos por decisión de Perón, quien además creó Gas del Estado y Agua y Energía Eléctrica, le aprobó a Canessa la socialización de las tarifas y la expropiación de las empresas extranjeras de gas; la inclusión del Art. 40 en la Constitución Nacional de 1949, a instancias del coraje de Sampay y Mercante -que se animaron a contradecir a Perón que se oponía a su sanción- que nacionalizó el subsuelo y los servicios públicos; la Ley de Hidrocarburos de Frondizi que consideraba al subsuelo en la esfera de la Nación y otorgaba el monopolio de la actividad a YPF; la anulación de los contratos desarrollistas concretada por Illia en 1963, quien concretó también la creación del Impuesto al Crudo Procesado y el incremento de los Fondos Energéticos destinado a las grandes obras hidroeléctricas; el mantenimiento de la propiedad nacional del subsuelo sostenida por la actual Ley de Hidrocarburos de 1967 (nº 17319), son los hechos positivos más destacables. Entre los negativos tenemos el derrocamiento de Yrigoyen con el consiguiente encarcelamiento y separación de Mosconi de la Dirección General de YPF; el contrato de Perón con la Standard Oil de California, los contratos de Frondizi, la derogación del monopolio de YPF y la inclusión de los contratos de concesión por parte de Onganía en la Ley 17319, el brutal endeudamiento externo de YPF y la creación y potenciación del empresariado petrolero nacional durante el Proceso. Interesa destacar que en esos tiempos, siempre la defensa de los intereses nacionales privó sobre los hechos negativos.
La captura de la renta generada por el petróleo permitió, hasta 1989, dotar al país de una petrolera pública modelo en el mundo, que también fue una empresa cívico-militar civilizadora; zonas despobladas y abandonas fueron colonizadas por YPF, siendo la Patagonia el ejemplo más significativo. Su accionar nos dejó con 40 años de reservas de gas y 20 de petróleo, con el 60 % de la población accediendo al gas natura por redes; con criterios sociales en los servicios públicos que permitían para todos la accesibilidad y la permanencia y donde ningún argentino se moría de frío, con una extensa red vial nacional y provincial, con obras hidroeléctricas de envergadura, con empresas estatales financiadas como los FFCC y Aerolíneas; con planteles de técnicos de primerísimo nivel y un desarrollo científico y tecnológico de avanzada.
El vendaval privatizador y desregulador del justicialismo de Menem y Kirchner significó el retorno a las políticas de Roca y Avellaneda, pero con una mayor extensión territorial: a través de las provincia las multinacionales de apropian de los yacimientos hasta su extinción y se violan las normas legales regulatorias con el complaciente aval del Gobierno Nacional, constante recitador de un progresismo cosmético de nula credibilidad, que jamás ha tocado los fundamentos del modelo energético neoliberal. Todo el ahorro petrolero de varias generaciones de compatriotas pasó a precio de oferta a manos de los trusts internacionales del petróleo; la renta dejó de invertirse en el país y tomó el camino del mar, como entes de 1929 y volvió al cuento del precio internacional. Lo peor es que desde 1989 las fuerzas reaccionarias han derrotado a las progresistas y no se avisora un cambio positivo de tendencia. Nos acordamos de la poesía de Calderón de la Barca: “Vinieron los sarracenos, y nos molieron a palos, Dios ayuda a los malos, cuando son más que los buenos”.
Del saqueo de los últimos 17 años, deviene la desinversión y de ésta la crisis energética integral que estamos padeciendo, cuya solución requiere la concreción de inversiones gigantescas. La discusión actual pasa por establecer quien las paga: a) o el petróleo, que para ello debe ser recuperado, especialmente en base a la aplicación de la Ley 17319 (cruel paradoja la que nos toca vivir, donde una norma que fue considerada por Silenzi de Stagni y Alconada Aramburu como el estatuto del vasallaje, nos sirve para defender nuestro petróleo), o b) todos los argentinos; y esta es la opción que han adoptado al actual y el venidero gobierno nacional: no se tocará el modelo y se incrementarán las tarifas en forma previa, en beneficio de promesas de inversión formuladas por quienes en su momento no las concretaron. Consecuentemente, seguiremos siendo el único país del mundo que no cree que los hidrocarburos son bienes estratégicos y que la política hidrocarburifera la deben determinan los petroleros, tales como Repsol, Petrobrás y PAE en consonancia con los intereses de sus respectivos estados extranjeros. Otro hecho negativo en la historia energética, que se suma a el de ser el único país que entregó sus hidrocarburos sin perder una guerra y de haber permitido que hasta el 2002, estando autoabastecidos, paguemos por los combustibles el precio internacional que tiene vigencia en países netamente importadores y con ingresos per-cápita varias veces superiores.
Sin dudas estamos insertos en una gran derrota cultural de la solamente puede salirse con una permanente e inclaudicable militancia. El panorama es desfavorable, tanto por la ideología del gobierno como también por la que muestran los principales agrupamientos políticos y gobernadores que defienden un falso federalismo, serviles ambos a los intereses de las petroleras extranjeras o, lo que es lo mismo, al mantenimiento del modelo energético de mercado. Este es el argumento por el cual señalo que estamos peor que en 1907. Pero si a los trusts internacionales del petróleo pudieron derrotarlos los argentinos ilustres que he mencionado y Franklin D. Roosevelt con su ocupación militar de los yacimientos y la implantación de la regulación integral, Lázaro Cárdenas con su expropiación respetada por F.D. Roosevelt, Evo Morales con su nacionalización y Hugo Chávez recuperando a PDVSA –que había sido factor fundamental en el golpe para derrocarlo- y sus reservas, también podemos hacerlo los argentinos, también es posible recuperar los hidrocarburos que nos pertenecen. Termino manipulando a mi gusto las estrofas de la milonga dedicada a FORJA por el poeta yrigoyenista y militante Homero Manzi:
Mañana, cuando haya sol.
Será libre nuestra América
¡Qué lindo será mañana,
Mañana cuando amanezca!
Gustavo Calleja,Vicepresidente del MORENO,Director del Instituto de la Energía de la Fundación Arturo Illia
Buenos Aires, diciembre de 2007.
En 1810 los argentinos nacimos como Nación y nos quedamos con las potestades y bienes que pertenecían a España que estaban administradas por los virreyes dentro de un régimen unitario; entre ellos el subsuelo; regían las Ordenanzas de Nueva España. Posteriormente, a instancias organizativas y como consecuencia de la Revolución de Mayo aparecieron las provincias. Todos los gobiernos posteriores a 1810 – Triunvirato de 1813, Estatuto Provisional de 1817 y el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina posterior a la sanción de la Constitución de 1853, entre otras- ratificaron la vigencia de las normas heredadas; es decir, la propiedad nacional del subsuelo y la potestad de administrarlo. Recién en 1875 con Roca se sanciona el Código de Minería entregando el subsuelo a las provincias y prohibiendo la actividad minera del Estado; pero también es Roca quien avizorando los abusos de los privados y la indefección estatal, sanciona la Ley de Tierras Fiscales. En ese momento existían sólo catorce provincias; quedaron para la Nación los extensos territorios nacionales; entre ellos la Patagonia. Desde ese momento, las autorizaciones para explorar y explotar eran concedidas por las Provincias o la Nación, según su ubicación territorial.
Si miramos hacia 1907 la primera conclusión que podemos sacar es que estamos peor. Tal aseveración surge de observar que un conservador como Figueroa Alcorta, apenas descubierto el petróleo en Comodoro Rivadavia e impedido de aplicar el Código de Minería, utilizó de inmediato la Ley de Tierras y reservó para el Estado Nacional una extensa zona aledaña al descubrimiento. No fue una resolución que salió de improviso, sino de una convicción sobre las características estratégicas del petróleo que se estaba formando en la élite gobernante, especialmente por lo que sucedía en los EEUU y en Europa. En especial, Jorge Newbery y la Armada Nacional fueron quienes más se ocuparon del tema. Figueroa Alcorta –un conservador más lúcido que los actuales que nos gobiernan ininterrumpidamente desde 1989, marcó el inicio de una política que siguió en vigencia hasta 1989.
Con diferencias significativas, que incluyeron avances y retrocesos, quienes sucedieron a Figueroa Alcorta desarrollaron políticas acordes con el criterio de considerarlo una materia prima-poder. La creación de la Dirección del Petróleo de Comodoro Rivadavia (Roque Saenz Peña), antecesora de YPF, que fue creada en 1922 por Hipólito Yrigoyen, quien definió las grandes líneas; subsuelo exclusivamente nacional, monopolio estatal-nacional de explotación, “no exportarlo y convertirlo en metálico”, en sus palabras” y “dedicarlo al desarrollo de nuestras industrias”, expropiar todas las concesiones privadas vigentes. Alvear con su Ministro Le Bretón designan a Mosconi al frente de YPF y éste, ante el freno del Senado a la Ley de Nacionalización y Estatización, les pide y obtiene la anulación de las concesiones y permisos otorgados anteriormente, que cubrían casi íntegramente el territorio nacional, hecho oportunamente denunciado por el Ing. Huergo. La gesta histórica ypefiana culmina con la toma del mercado de los combustibles líquidos en 1929 por parte de YPF, vigente hasta hoy pero con otros beneficiarios de las ganancias y con objetivos estratégicos determinados por el Reino Borbón. Es un hecho que Mosconi e Yrigoyen consideraron el 9 de Julio económico, que otorgaba vida al 9 de Julio político de 1816; además, suprimía la remisión al exterior de las utilidades, “que tomaban el camino del mar” en términos mosconéanos Mosconi, y eliminaba el precio internacional dejando la potestad de fijarlos en el gobierno nacional.
Posteriormente, merecen destacarse la creación de los Fondos Específicos Viales por parte de Justo y de los energéticos por decisión de Perón, quien además creó Gas del Estado y Agua y Energía Eléctrica, le aprobó a Canessa la socialización de las tarifas y la expropiación de las empresas extranjeras de gas; la inclusión del Art. 40 en la Constitución Nacional de 1949, a instancias del coraje de Sampay y Mercante -que se animaron a contradecir a Perón que se oponía a su sanción- que nacionalizó el subsuelo y los servicios públicos; la Ley de Hidrocarburos de Frondizi que consideraba al subsuelo en la esfera de la Nación y otorgaba el monopolio de la actividad a YPF; la anulación de los contratos desarrollistas concretada por Illia en 1963, quien concretó también la creación del Impuesto al Crudo Procesado y el incremento de los Fondos Energéticos destinado a las grandes obras hidroeléctricas; el mantenimiento de la propiedad nacional del subsuelo sostenida por la actual Ley de Hidrocarburos de 1967 (nº 17319), son los hechos positivos más destacables. Entre los negativos tenemos el derrocamiento de Yrigoyen con el consiguiente encarcelamiento y separación de Mosconi de la Dirección General de YPF; el contrato de Perón con la Standard Oil de California, los contratos de Frondizi, la derogación del monopolio de YPF y la inclusión de los contratos de concesión por parte de Onganía en la Ley 17319, el brutal endeudamiento externo de YPF y la creación y potenciación del empresariado petrolero nacional durante el Proceso. Interesa destacar que en esos tiempos, siempre la defensa de los intereses nacionales privó sobre los hechos negativos.
La captura de la renta generada por el petróleo permitió, hasta 1989, dotar al país de una petrolera pública modelo en el mundo, que también fue una empresa cívico-militar civilizadora; zonas despobladas y abandonas fueron colonizadas por YPF, siendo la Patagonia el ejemplo más significativo. Su accionar nos dejó con 40 años de reservas de gas y 20 de petróleo, con el 60 % de la población accediendo al gas natura por redes; con criterios sociales en los servicios públicos que permitían para todos la accesibilidad y la permanencia y donde ningún argentino se moría de frío, con una extensa red vial nacional y provincial, con obras hidroeléctricas de envergadura, con empresas estatales financiadas como los FFCC y Aerolíneas; con planteles de técnicos de primerísimo nivel y un desarrollo científico y tecnológico de avanzada.
El vendaval privatizador y desregulador del justicialismo de Menem y Kirchner significó el retorno a las políticas de Roca y Avellaneda, pero con una mayor extensión territorial: a través de las provincia las multinacionales de apropian de los yacimientos hasta su extinción y se violan las normas legales regulatorias con el complaciente aval del Gobierno Nacional, constante recitador de un progresismo cosmético de nula credibilidad, que jamás ha tocado los fundamentos del modelo energético neoliberal. Todo el ahorro petrolero de varias generaciones de compatriotas pasó a precio de oferta a manos de los trusts internacionales del petróleo; la renta dejó de invertirse en el país y tomó el camino del mar, como entes de 1929 y volvió al cuento del precio internacional. Lo peor es que desde 1989 las fuerzas reaccionarias han derrotado a las progresistas y no se avisora un cambio positivo de tendencia. Nos acordamos de la poesía de Calderón de la Barca: “Vinieron los sarracenos, y nos molieron a palos, Dios ayuda a los malos, cuando son más que los buenos”.
Del saqueo de los últimos 17 años, deviene la desinversión y de ésta la crisis energética integral que estamos padeciendo, cuya solución requiere la concreción de inversiones gigantescas. La discusión actual pasa por establecer quien las paga: a) o el petróleo, que para ello debe ser recuperado, especialmente en base a la aplicación de la Ley 17319 (cruel paradoja la que nos toca vivir, donde una norma que fue considerada por Silenzi de Stagni y Alconada Aramburu como el estatuto del vasallaje, nos sirve para defender nuestro petróleo), o b) todos los argentinos; y esta es la opción que han adoptado al actual y el venidero gobierno nacional: no se tocará el modelo y se incrementarán las tarifas en forma previa, en beneficio de promesas de inversión formuladas por quienes en su momento no las concretaron. Consecuentemente, seguiremos siendo el único país del mundo que no cree que los hidrocarburos son bienes estratégicos y que la política hidrocarburifera la deben determinan los petroleros, tales como Repsol, Petrobrás y PAE en consonancia con los intereses de sus respectivos estados extranjeros. Otro hecho negativo en la historia energética, que se suma a el de ser el único país que entregó sus hidrocarburos sin perder una guerra y de haber permitido que hasta el 2002, estando autoabastecidos, paguemos por los combustibles el precio internacional que tiene vigencia en países netamente importadores y con ingresos per-cápita varias veces superiores.
Sin dudas estamos insertos en una gran derrota cultural de la solamente puede salirse con una permanente e inclaudicable militancia. El panorama es desfavorable, tanto por la ideología del gobierno como también por la que muestran los principales agrupamientos políticos y gobernadores que defienden un falso federalismo, serviles ambos a los intereses de las petroleras extranjeras o, lo que es lo mismo, al mantenimiento del modelo energético de mercado. Este es el argumento por el cual señalo que estamos peor que en 1907. Pero si a los trusts internacionales del petróleo pudieron derrotarlos los argentinos ilustres que he mencionado y Franklin D. Roosevelt con su ocupación militar de los yacimientos y la implantación de la regulación integral, Lázaro Cárdenas con su expropiación respetada por F.D. Roosevelt, Evo Morales con su nacionalización y Hugo Chávez recuperando a PDVSA –que había sido factor fundamental en el golpe para derrocarlo- y sus reservas, también podemos hacerlo los argentinos, también es posible recuperar los hidrocarburos que nos pertenecen. Termino manipulando a mi gusto las estrofas de la milonga dedicada a FORJA por el poeta yrigoyenista y militante Homero Manzi:
Mañana, cuando haya sol.
Será libre nuestra América
¡Qué lindo será mañana,
Mañana cuando amanezca!
Gustavo Calleja,Vicepresidente del MORENO,Director del Instituto de la Energía de la Fundación Arturo Illia
Buenos Aires, diciembre de 2007.
Diputados sancionó la norma que autoriza a explorar hidrocarburos
El proyecto había sido enviado por el Gobierno de la Provincia. Permite que inversores puedan investigar sobre la existencia de esos recursos. La Legislatura aprobó ayer tres leyes, la más importante es la que establece un marco normativo para la exploración y explotación de hidrocarburos en Santiago del Estero. La misma había sido enviada desde el Poder Ejecutivo y permitirá tentar a inversores para hacer tareas de investigación sobre la existencia de yacimientos, en distintas zonas. A tal efecto, la Provincia ya piensa en el llamado a concurso nacional e internacional en el año 2008. Más leyes Otra ley otorga pensión graciable a deportistas mayores de 60 años que obtuvieron títulos internacionales. Y otra de protección a la actividad literaria en la provincia. Ambas impulsadas desde el Frente Cívico. También ingresó ayer un proyecto de ley interbloque que impulsa la derogación de la Ley 5.574, norma que habilita la práctica de riñas de gallo en la provincia. La idea es que se establezca nuevamente la prohibición que estaba vigente antes de 1986. Santiago, San Luis y Tucumán son las tres provincias en las que aún se puede realizar esta práctica. Asimismo, se declaró de Interés provincial y sanitario las tareas de investigación, capacitación y evaluación en detección precoz del cáncer de cuello uterino. Mientras se solicitó una preferencia para las primeras sesiones del año próximo a un proyecto que solicita la adhesión de la Provincia al plan de Anmat (organismo perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación que fiscaliza los protocolos de investigación en seres humanos). Asuntos pendientes Asimismo se aprobaron despachos, el primero que solicita a los municipios de la provincia apliquen la normativa vigente para el control de perros vagabundos y agresivos en la vía pública. Otro solicita a la Nación el incremento de la dotación de las fuerzas especializadas de la Policía Federal y de Gendarmería, en la lucha contra el tráfico de drogas. Y se declaró de Interés la inauguración de un museo de prevención de la drogadependencia y el alcoholismo.
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/(A(ajVMxhpzyAEkAAAANjM2MGViOWEtOTMwZi00NTM5LWJiZDYtZWU2ZWI5YWQyNzEwCgkUCmRnBTyi2uBFK_i9LhxXWBY1)S(33n20h55nsa5ij454nwyjv45))/VerNota.aspx?id=79706
jueves, 13 de diciembre de 2007
100 años del Petróleo Argentino
Más allá de la incertidumbre sobre las cifras de las reservas hidrocarburíferas, compañeros del MORENO de Neuquén señalan la necesidad innegable de recuperarlas para el patrimonio nacional y nuestro compromiso en esa lucha. Como un homenaje a los pioneros, a todos los trabajadores y técnicos que contribuyeron para desarrollar esta enorme riqueza, haremos un esfuerzo por mostrarles una verdad oculta por los intereses de las corporaciones privadas.No resulta nada fácil explicar al pueblo Argentino qué pasó con nuestra industria de hidrocarburos en los últimos años cuando el Petróleo Argentino cumple 100 años, a partir de su descubrimiento el 13 de Diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia.Partimos de que la riqueza petrolera de un país está directamente relacionada con el volumen de RESERVAS de hidrocarburos que posea y que en nuestro caso es la principal energía que mueve nuestra economía. En particular, para la Patagonia ha sido un recurso vital de su desarrollo, y los patagónicos seguimos dependiendo de él. Nuestra industria petrolera comenzó a desarrollarse con la estatal YPF, fundada en 1922, siendo la primera en América pensada como estratégica para la provisión de energía de una Nación que peleaba por su independencia. Luego de haber logrado su objetivo de autoabastecimiento nos encuentra, a los 100 años, en una crisis energética estructural por un proceso de vaciamiento, aún vigente, y comenzando a importar hidrocarburos por la pérdida de la autosuficiencia conseguida con el esfuerzo de toda la sociedad. Cuando el negocio es tan grande el 'macaneo' es proporcional, por eso no es fácil desenredar la 'madeja' que fueron armando los que se benefician con este negocio. Lo más codiciado en este tema son las reservas de hidrocarburos, por su valor económico y estratégico, por eso analizaremos su evolución en nuestro país. La manera más objetiva y sencilla posible para hacer una evaluación de lo sucedido con las reservas en la Argentina es detenernos en la actualidad, mirar hacia atrás y realizar un balance a la luz de los hechos.Si bien el proceso de transferencia de la renta petrolera hacia el sector privado comienza bastante antes, tomaremos para el análisis el inicio del proceso de privatización, a principios de los años '90, para poder representar lo que pasó en este período con nuestras reservas, a partir de los datos oficiales históricos.Solo unos pocos especialistas podían estimar, en ese momento, cuántas reservas de petróleo se podían extraer de los yacimientos argentinos. Sin embargo cualquier técnico ligado al negocio podía imaginárselo, teniendo en cuenta la tecnología moderna en desarrollo que ya podía prever la obtención de una mayor recuperación en los viejos yacimientos, la sísmica 3D, etc., que YPF ya había empezado a aplicar. Por otro lado las estadísticas históricas de la evolución de reservas en los yacimientos mundiales permitían deducirlo. El volumen de reservas totales se puede representar como un gran depósito o 'tacho' de petróleo crudo. Ver gráfico 1.La cantidad de 1000 millones de m3 de reservas de petróleo, existentes en el año 1990, se deducen, hoy, de la suma que produjeron las compañías en estos 17 años, 650 millones, más las reservas remanentes estimadas de 350 millones que nos quedarían por extraer. Esta última cifra tiene un margen de duda, teniendo en cuenta los antecedentes en el manejo fraudulento de reservas de las compañías (Repsol, Shell, etc.); en cambio las reservas producidas, si bien no tienen un control muy estricto del Estado, son datos oficiales. En contraste con esta realidad que podemos comprobar hoy, 250 millones de m3 fueron las reservas que 'ofrecieron' para la venta a principios de los '90 los funcionarios, organismos externos y empresarios beneficiados, diseñadores de la privatización. El total de reservas, los 1000 millones de m3 de petróleo (6.300 millones de barriles), equivalen a un valor del orden de 190 mil millones de dólares haciendo una estimación de un precio promedio, en el período, de 30 dólares el barril (hoy a más de 90 dólares). Este es el valor estimado bruto del crudo. Si tomamos en cuenta los productos derivados, el valor agregado que podría adicionar nuestra industria petroquímica, el valor se multiplica. El costo total promedio de producción de las reservas que tuvieron las compañías fue seguramente bastante menor a 6 dólares el barril. Esta riqueza de todos los argentinos fue cedida al capital privado, mayormente extranjero, cuyo único objetivo es obtener la mayor ganancia en el menor tiempo posible, cuestión predecible al momento de la privatización. Esta enorme defraudación hecha con las reservas de petróleo y gas, sumada a la generación forzada de la deuda externa, son los dos principales factores que empobrecieron a nuestro pueblo y el verdadero origen de la inseguridad de nuestros centros urbanos. No hay ninguna chance de solucionar nuestra crisis energética con la política vigente, la mayor parte de la renta sigue siendo absorbida por las compañías y nuestro problema seguirá agravándose a medida que se agoten las reservas. En el negocio del gas el daño causado a nuestra economía estructural, al haberlo privatizado, es de similar magnitud.Si los argentinos permitimos que nuestro 'tacho' de petróleo se termine vaciando sin antes activar una recuperación del nivel de reservas en nuestros yacimientos, luego ya no habrá remedio, o será muy difícil, porque no tendremos una fuente de recursos tan poderosa que lo permita. El costo de importar el petróleo crudo y el gas para mover nuestra actividad económica consumiría una alta proporción de nuestros recursos y aumentaría los costos internos haciendo aún menos viables las actividades industriales más criticas y más pobre a nuestra población.La única opción que prioriza el interés general es la recuperación de nuestras reservas de hidrocarburos, antes de que se agoten. Esto permitiría que parte de la cuantiosa renta que genera este negocio, se reinvierta para mantener una provisión sustentable de estas fuentes de energía, que son las que en mayor proporción alimentan nuestra economía, hasta tanto vayamos desarrollando otras fuentes alternativas de reemplazo, previendo el agotamiento final del recurso no renovable.Los costos de producción totales promedio del petróleo argentino rondan actualmente los 6 a 8 dólares por barril. Este es el valor que tendríamos que pagar los argentinos por este producto -que es la principal fuente de energía que mueve nuestra economía, transporte, etc.- si no nos hubiesen despojado de él. Actualmente el crudo las empresas lo comercializan internamente a 45 dólares. Y si lo tenemos que importar cuesta el doble. Mucho más costoso aún resulta la importación de productos elaborados, como el diesel.La solución es sencilla y solo se necesita la decisión política para ejecutarla: Quedarse con la renta de un recurso que es legítimamente nuestro y con parte de esa renta seguir manteniendo el nivel de reservas que teníamos antes de privatizar YPF.Esto no sería nada más que hacer lo mismo que están haciendo, con gran suceso, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, México, etc., que en su momento comenzaron imitando a la YPF Argentina.
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=050222&Parte=0
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=050222&Parte=0
Las lecciones de la historia del petróleo
En el siglo transcurrido desde que en 1907 comenzó la explotación estatal del petróleo, sobraron ideología y afán de lucro y faltaron hechos y justicia social. No hubo acuerdos públicos entre los partidos políticos y los sectores sociales para asegurar políticas estables de distribución equitativa de sus beneficios. Hubo encendidos discursos sobre soberanía y autodeterminación, pero poco esclarecimiento de sus funciones críticas.
Hoy estamos en el mismo estado que en 1907, las cuantiosas inversiones que todos los argentinos hicimos en la industria petrolera han pasado a manos de unos pocos y el patrimonio público se debe reconstituir de cero.
Los hidrocarburos son recursos no renovables que, con fluctuaciones temporales y regionales, van a ser cada vez más escasos y caros. Por eso debe promoverse su uso sólo en los campos donde es esencial y desalentarlo donde es reemplazable. Son también importantes fuentes de dinero cuando se explotan con eficiencia y de poder cuando se controla su disponibilidad. Las rentas derivadas de los hidrocarburos deberían invertirse en mejorar su racional extracción, en encontrar y promover su reemplazo cuando sea viable y en la máxima prolongación de su disponibilidad como materia prima de la petroquímica, minimizando su desperdicio.
Centraremos nuestra atención en el rubro con mayor consumo de hidrocarburos: la generación de energía mediante los combustibles de las destilerías. Éstos se usan para el transporte de personas y mercaderías (31%), la producción industrial (26%), el calentamiento de ambientes y de agua en las viviendas (24%), la producción agropecuaria (11%, el uso que crece más rápido) y las actividades comerciales y administrativas (8%). El costo del transporte depende críticamente del de los combustibles y este rubro es uno de los principales contaminadores del ambiente.
En la década de 1980 los automotores de todo el noroeste argentino empleaban alconafta (nafta con 15% de alcohol), con mínimo costo de adaptación y excelente rendimiento de los motores, usando el alcohol de los ingenios azucareros, menos contaminante que la nafta y el biodiésel que tanto se promueve. La experiencia, que en Brasil tiene hoy amplitud nacional, que terminó por falta de apoyo estatal y de capacidad productiva de los ingenios, debería ser reactivada. El precio de la aeronafta es hoy muy alto en la Argentina, lo que encarece mucho los viajes aéreos por constituir casi el 50% del costo de operación. En lugares de escasa población y caminos, como la Patagonia y el Gran Chaco, las avionetas deberían ser el medio privilegiado de transporte, en vez de un lujo para millonarios. En la región pampeana falta gasoil en las épocas de cosecha, no hay depósitos estratégicamente distribuidos y no se sabe cuántos cultivos se pierden por su falta en el momento y lugar apropiados.
El consumo de gas natural se dispara en los inviernos porque su principal uso es en la calefacción de edificios (65% del consumo total de energía del país). Durante los inviernos del 2006 y el 2007 el gobierno nacional forzó su ahorro con multas a los usuarios domiciliarios que no bajaron su consumo respecto del año previo (sin importar inicialmente que el frío hubiera aumentado mucho en ciertos lugares) y puso restricciones a las estaciones de servicio e industrias, priorizando así el desperdicio en vez de la producción y el transporte. El desperdicio se da por la inexcusable ignorancia de demasiados arquitectos y la remediable ignorancia de la gente común sobre el mejor aprovechamiento de la radiación solar (buena orientación, forma y materiales de construcción) y la disminución de la pérdida de calor por ventanas (con un doble vidriado que podría hacerse mucho más barato) y paredes (con buen aislamiento térmico). Un ejemplo de esta ignorancia son los altísimos techos de las escuelas rionegrinas de la región andina (impuestos por la Dirección de Arquitectura Escolar), cuya calefacción requiere absurdas cantidades de energía que se acumulan inútilmente en alturas inaccesibles, ya que el aire caliente sube y el frío baja.
A pesar de haber suficiente capacidad para fabricarlos a partir del gas natural, las restricciones obligaron a la importación de fertilizantes nitrogenados, críticos para la ganadería en feed lots y la agricultura intensiva. También disminuyó la producción de polímeros (plásticos) y de muchas ramas industriales. A pesar de la insuficiente provisión de electricidad sufrieron restricciones las usinas térmicas, que generan el 58% de la energía eléctrica del país, la mayoría alimentadas por gas natural (su com
bustible óptimo). La política gubernamental fue equivocada pero no caprichosa; priorizó los sentimientos inmediatos del mayor número de votantes por encima del resultante deterioro a largo plazo en sus poderes adquisitivos, que pocos relacionan con la eficiencia productiva general del país.
A pesar de que fue una de las grandes excusas de las privatizaciones, no mejoró la exploración y las reservas de hidrocarburos detectadas han disminuido dramáticamente a menos de nueve años de consumo. Un ejemplo ilustrativo es el de la plataforma submarina argentina, excluyendo las zonas ya exploradas de Tierra del Fuego y la contigua a Malvinas ("regalada" por el gobierno de Menem durante su política de seducción de los kelpers). El potencial de estos yacimientos submarinos está sugerido por el reciente descubrimiento brasileño, que ha multiplicado sus reservas totales. Hasta la fecha se han hecho sólo cinco pozos en esta zona, lo que no puede considerarse una exploración. A pesar de las cuantiosas ganancias embolsadas durante la época de la libre exportación de crudo, las compañías petroleras privadas atribuyen hoy al gobierno la responsabilidad de no hacer las inversiones necesarias para la ampliación de las reservas.
Estos ejemplos, que pueden multiplicarse hasta llenar un libro, ilustran que el problema central no reside en quién saca los hidrocarburos sino en cómo se lo hace, su disponibilidad o carencia en tiempo y forma y quién se beneficia de las inversiones estatales. En un país de políticas fluctuantes como el nuestro, los capitales nacionales (y extranjeros) invierten sólo cuando las inversiones son mínimas (y fácilmente repatriables) y hay grandes ganancias en muy corto plazo. Las administraciones de YPF por Enrique Mosconi y de Gas del Estado por Julio Canessa mostraron fehacientemente que el Estado puede brindar beneficios generales imposibles de obtener cuando la motivación es sólo el dinero. Mostraron también que un organismo estatal autónomo y aislado de las presiones clientelistas de los ministerios políticos puede funcionar eficientemente y promover el desarrollo industrial con el buen uso de su poder de compra. Estos honestos y eficientes tecnólogos lograron también implantar objetivos institucionales y pautas operativas que perduraron mucho después de su partida. El Estado administra mal cuando se hace uso clientelista de las inversiones públicas o se las transforma en grandes negocios privados (efecto Dooh Nibor; Robin Hood al revés: robar a los pobres para darles a los ricos).
El presidente Yrigoyen, en vez de usar YPF como recurso electoral, podría haberle asignado más fondos y evitado los enfrentamientos estériles que promovieron su derrocamiento. Los gobernantes salteños podrían haber compartido políticas y regalías con el resto del país (problema similar al hoy planteado en la Santa Cruz boliviana). El presidente Frondizi podría haber corregido las políticas petroleras sin revertir de un plumazo su plataforma electoral. El gobierno de Alfonsín podría haber invertido en la actualización de las instalaciones una porción razonable de los grandes impuestos a los combustibles, de cuya venta sólo un tercio volvía a YPF. En el ideal país de Mongo adonde continuamente nos mandan las personas "realistas", los dictatoriales gobiernos militares podrían haber creado una industria exportadora de alto valor estratégico y el presidente Menem, haber convocado al capital internacional para mejorar las tecnologías de exploración y explotación, en vez de "regalarles" las gigantescas inversiones públicas y sus rentas.
El facilismo de la historiografía demagógica carga exclusivamente las culpas al imperialismo (británico primero y estadounidense después) y a sus cómplices locales, sin analizar los comportamientos de los ciudadanos argentinos. No podemos controlar las acciones de los gobernantes de otros países ni de las grandes empresas multinacionales, pero debemos hacerlo con los propios. El despojo de las privatizaciones de los años '90 se consumó en medio de la indiferencia o el pasmo generalizado y con la complicidad de casi toda la dirigencia política y sindical. La Argentina del siglo XXI dejará de ser el Cambalache de Discépolo recién cuando suficientes argentinas y argentinos defiendan la cosa pública con el mismo vigor con que defienden sus ingresos personales y reclamen justicia para sus conciudadanos menos afortunados con la misma solidaridad que dispensan a sus familiares y amigos.
CARLOS E. SOLIVÉREZ (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Doctor en Física y diplomado en Ciencias Sociales
csoliverez@gmail.com
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/12/13/200712o13s01.php
Hoy estamos en el mismo estado que en 1907, las cuantiosas inversiones que todos los argentinos hicimos en la industria petrolera han pasado a manos de unos pocos y el patrimonio público se debe reconstituir de cero.
Los hidrocarburos son recursos no renovables que, con fluctuaciones temporales y regionales, van a ser cada vez más escasos y caros. Por eso debe promoverse su uso sólo en los campos donde es esencial y desalentarlo donde es reemplazable. Son también importantes fuentes de dinero cuando se explotan con eficiencia y de poder cuando se controla su disponibilidad. Las rentas derivadas de los hidrocarburos deberían invertirse en mejorar su racional extracción, en encontrar y promover su reemplazo cuando sea viable y en la máxima prolongación de su disponibilidad como materia prima de la petroquímica, minimizando su desperdicio.
Centraremos nuestra atención en el rubro con mayor consumo de hidrocarburos: la generación de energía mediante los combustibles de las destilerías. Éstos se usan para el transporte de personas y mercaderías (31%), la producción industrial (26%), el calentamiento de ambientes y de agua en las viviendas (24%), la producción agropecuaria (11%, el uso que crece más rápido) y las actividades comerciales y administrativas (8%). El costo del transporte depende críticamente del de los combustibles y este rubro es uno de los principales contaminadores del ambiente.
En la década de 1980 los automotores de todo el noroeste argentino empleaban alconafta (nafta con 15% de alcohol), con mínimo costo de adaptación y excelente rendimiento de los motores, usando el alcohol de los ingenios azucareros, menos contaminante que la nafta y el biodiésel que tanto se promueve. La experiencia, que en Brasil tiene hoy amplitud nacional, que terminó por falta de apoyo estatal y de capacidad productiva de los ingenios, debería ser reactivada. El precio de la aeronafta es hoy muy alto en la Argentina, lo que encarece mucho los viajes aéreos por constituir casi el 50% del costo de operación. En lugares de escasa población y caminos, como la Patagonia y el Gran Chaco, las avionetas deberían ser el medio privilegiado de transporte, en vez de un lujo para millonarios. En la región pampeana falta gasoil en las épocas de cosecha, no hay depósitos estratégicamente distribuidos y no se sabe cuántos cultivos se pierden por su falta en el momento y lugar apropiados.
El consumo de gas natural se dispara en los inviernos porque su principal uso es en la calefacción de edificios (65% del consumo total de energía del país). Durante los inviernos del 2006 y el 2007 el gobierno nacional forzó su ahorro con multas a los usuarios domiciliarios que no bajaron su consumo respecto del año previo (sin importar inicialmente que el frío hubiera aumentado mucho en ciertos lugares) y puso restricciones a las estaciones de servicio e industrias, priorizando así el desperdicio en vez de la producción y el transporte. El desperdicio se da por la inexcusable ignorancia de demasiados arquitectos y la remediable ignorancia de la gente común sobre el mejor aprovechamiento de la radiación solar (buena orientación, forma y materiales de construcción) y la disminución de la pérdida de calor por ventanas (con un doble vidriado que podría hacerse mucho más barato) y paredes (con buen aislamiento térmico). Un ejemplo de esta ignorancia son los altísimos techos de las escuelas rionegrinas de la región andina (impuestos por la Dirección de Arquitectura Escolar), cuya calefacción requiere absurdas cantidades de energía que se acumulan inútilmente en alturas inaccesibles, ya que el aire caliente sube y el frío baja.
A pesar de haber suficiente capacidad para fabricarlos a partir del gas natural, las restricciones obligaron a la importación de fertilizantes nitrogenados, críticos para la ganadería en feed lots y la agricultura intensiva. También disminuyó la producción de polímeros (plásticos) y de muchas ramas industriales. A pesar de la insuficiente provisión de electricidad sufrieron restricciones las usinas térmicas, que generan el 58% de la energía eléctrica del país, la mayoría alimentadas por gas natural (su com
bustible óptimo). La política gubernamental fue equivocada pero no caprichosa; priorizó los sentimientos inmediatos del mayor número de votantes por encima del resultante deterioro a largo plazo en sus poderes adquisitivos, que pocos relacionan con la eficiencia productiva general del país.
A pesar de que fue una de las grandes excusas de las privatizaciones, no mejoró la exploración y las reservas de hidrocarburos detectadas han disminuido dramáticamente a menos de nueve años de consumo. Un ejemplo ilustrativo es el de la plataforma submarina argentina, excluyendo las zonas ya exploradas de Tierra del Fuego y la contigua a Malvinas ("regalada" por el gobierno de Menem durante su política de seducción de los kelpers). El potencial de estos yacimientos submarinos está sugerido por el reciente descubrimiento brasileño, que ha multiplicado sus reservas totales. Hasta la fecha se han hecho sólo cinco pozos en esta zona, lo que no puede considerarse una exploración. A pesar de las cuantiosas ganancias embolsadas durante la época de la libre exportación de crudo, las compañías petroleras privadas atribuyen hoy al gobierno la responsabilidad de no hacer las inversiones necesarias para la ampliación de las reservas.
Estos ejemplos, que pueden multiplicarse hasta llenar un libro, ilustran que el problema central no reside en quién saca los hidrocarburos sino en cómo se lo hace, su disponibilidad o carencia en tiempo y forma y quién se beneficia de las inversiones estatales. En un país de políticas fluctuantes como el nuestro, los capitales nacionales (y extranjeros) invierten sólo cuando las inversiones son mínimas (y fácilmente repatriables) y hay grandes ganancias en muy corto plazo. Las administraciones de YPF por Enrique Mosconi y de Gas del Estado por Julio Canessa mostraron fehacientemente que el Estado puede brindar beneficios generales imposibles de obtener cuando la motivación es sólo el dinero. Mostraron también que un organismo estatal autónomo y aislado de las presiones clientelistas de los ministerios políticos puede funcionar eficientemente y promover el desarrollo industrial con el buen uso de su poder de compra. Estos honestos y eficientes tecnólogos lograron también implantar objetivos institucionales y pautas operativas que perduraron mucho después de su partida. El Estado administra mal cuando se hace uso clientelista de las inversiones públicas o se las transforma en grandes negocios privados (efecto Dooh Nibor; Robin Hood al revés: robar a los pobres para darles a los ricos).
El presidente Yrigoyen, en vez de usar YPF como recurso electoral, podría haberle asignado más fondos y evitado los enfrentamientos estériles que promovieron su derrocamiento. Los gobernantes salteños podrían haber compartido políticas y regalías con el resto del país (problema similar al hoy planteado en la Santa Cruz boliviana). El presidente Frondizi podría haber corregido las políticas petroleras sin revertir de un plumazo su plataforma electoral. El gobierno de Alfonsín podría haber invertido en la actualización de las instalaciones una porción razonable de los grandes impuestos a los combustibles, de cuya venta sólo un tercio volvía a YPF. En el ideal país de Mongo adonde continuamente nos mandan las personas "realistas", los dictatoriales gobiernos militares podrían haber creado una industria exportadora de alto valor estratégico y el presidente Menem, haber convocado al capital internacional para mejorar las tecnologías de exploración y explotación, en vez de "regalarles" las gigantescas inversiones públicas y sus rentas.
El facilismo de la historiografía demagógica carga exclusivamente las culpas al imperialismo (británico primero y estadounidense después) y a sus cómplices locales, sin analizar los comportamientos de los ciudadanos argentinos. No podemos controlar las acciones de los gobernantes de otros países ni de las grandes empresas multinacionales, pero debemos hacerlo con los propios. El despojo de las privatizaciones de los años '90 se consumó en medio de la indiferencia o el pasmo generalizado y con la complicidad de casi toda la dirigencia política y sindical. La Argentina del siglo XXI dejará de ser el Cambalache de Discépolo recién cuando suficientes argentinas y argentinos defiendan la cosa pública con el mismo vigor con que defienden sus ingresos personales y reclamen justicia para sus conciudadanos menos afortunados con la misma solidaridad que dispensan a sus familiares y amigos.
CARLOS E. SOLIVÉREZ (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Doctor en Física y diplomado en Ciencias Sociales
csoliverez@gmail.com
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/12/13/200712o13s01.php
martes, 11 de diciembre de 2007
Hidrocarburos, OPEC y debates sobre precios referenciales
Hace poco, mientras el WTI rozaba US$ 100 el barril y el Brent marcaba 97, el cartel aumentó producción y forzó una baja. En enero, la Organización de Países Exportadores había reducido oferta porque el petróleo estaba cayendo a US$ 50.Ambas posturas revelan hasta qué punto puede cambiar la realidad del mercado. Los socios de la OPEP paren hoy prestos a defender niveles entre US$ 80 y 90, no la gama 70-80 que imaginan algunos optimistas. Suponen que valores más altos desacelerarán la economía norteamericana, si bien no la de otros países centrales. En Estados Unidos, parece claro que la nafta seguirán alrededor de 77/78 centavos el litro.
Esta semana, tras una breve reunión en Abú Dhabí, se confirmó la impresión de que sus miembros quieren mantener los precios a cotas no soñadas hasta hace apenas un año. Sin modificar un viejo tope formal francamente risible: US$ 25/30 el barril.
Muchos productores –dentro o fuera de la OPEP- necesitan precios altos para su desarrollo interno. En un rapto de lirismo, algunas petroleras grandes sostienen que esos niveles benefician al consumidor norteamericano, pues permiten acceder a reservas de explotación más costosa. En particular, fuentes de crudos pesados, tan contaminantes como los esquistos canadienses o venezolanos.
El punto de equilibrio es claro: determinar precios lo bastante bajos para no desacelerar economías centrales, pero lo bastante altos para satisfacer las aspiraciones de países exportadores en desarrollo. Por supuesto, nadie dice palabra sobre los países subdesarrollados que deben importan hidrocarburos.
Merced a nuevos síntomas de desaceleración en EE.UU., los precios acaban de bajar más de 10% en una semana, algo que no ocurría desde hacía dos años. Así, en Abú Dhabí, Saudiarabia –miembro clave de la OPEP- empezó señalando que consideraría elevar en 500.000 barriles diarios la extracción. Pero después cambió de idea.
Ahora, habrá dos encuentros –febrero, marzo- para revisar cifras y decisiones. Los trece socios originales, que incorporaron este año a Angola y Ecuador, representa algo menos del 40% de exportaciones mundiales. Pero sigue teniendo amplio poder como cartel. Además de sus propias petroleras, también suelen operar junto con las compañías privadas. A juicio de la entidad, los crudos llegaron a cerca de US$ 100 no por razones de abastecimiento, sino por especulación con derivados en las plaza de futuros y opciones (Nueva York, Londres).
http://www.mercado.com.ar/mercado/vercanal_nota.asp?id=354551
Esta semana, tras una breve reunión en Abú Dhabí, se confirmó la impresión de que sus miembros quieren mantener los precios a cotas no soñadas hasta hace apenas un año. Sin modificar un viejo tope formal francamente risible: US$ 25/30 el barril.
Muchos productores –dentro o fuera de la OPEP- necesitan precios altos para su desarrollo interno. En un rapto de lirismo, algunas petroleras grandes sostienen que esos niveles benefician al consumidor norteamericano, pues permiten acceder a reservas de explotación más costosa. En particular, fuentes de crudos pesados, tan contaminantes como los esquistos canadienses o venezolanos.
El punto de equilibrio es claro: determinar precios lo bastante bajos para no desacelerar economías centrales, pero lo bastante altos para satisfacer las aspiraciones de países exportadores en desarrollo. Por supuesto, nadie dice palabra sobre los países subdesarrollados que deben importan hidrocarburos.
Merced a nuevos síntomas de desaceleración en EE.UU., los precios acaban de bajar más de 10% en una semana, algo que no ocurría desde hacía dos años. Así, en Abú Dhabí, Saudiarabia –miembro clave de la OPEP- empezó señalando que consideraría elevar en 500.000 barriles diarios la extracción. Pero después cambió de idea.
Ahora, habrá dos encuentros –febrero, marzo- para revisar cifras y decisiones. Los trece socios originales, que incorporaron este año a Angola y Ecuador, representa algo menos del 40% de exportaciones mundiales. Pero sigue teniendo amplio poder como cartel. Además de sus propias petroleras, también suelen operar junto con las compañías privadas. A juicio de la entidad, los crudos llegaron a cerca de US$ 100 no por razones de abastecimiento, sino por especulación con derivados en las plaza de futuros y opciones (Nueva York, Londres).
http://www.mercado.com.ar/mercado/vercanal_nota.asp?id=354551
Diputados aprobará Ley de Hidrocarburos en la próxima sesión
Tras reunirse con el director de Minería, legisladores oficialistas comenzaron a firmar el despacho del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Tras reunirse en horas de la mañana con el director de Minería de la Provincia, Alberto Abitbol, los diputados provinciales del Frente Cívico, miembros de las comisiones de Legislación General y Producción, comenzaron a firmar ayer el despacho del proyecto de Ley de Hidrocarburos, presentado por el Poder Ejecutivo. De acuerdo a lo informado por el titular del bloque del Frente Cívico, Martín Díaz Achával, los titulares de la comisión de Legislación General, Manuel Juárez, y de Producción, Juanita Machado, la idea es tratar esta iniciativa sobre tablas el martes próximo, en la última sesión ordinaria, a raíz de que no hay otras fechas disponibles. Balance El despacho establece en su articulado que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio provincial pertenecen al dominio inalienable e imprescriptible del Estado provincial. Al tiempo que declara de interés público y estratégico las actividades de exploración y eventual explotación de hidrocarburos en nuestro territorio. Con esta norma, queda facultado el Poder Ejecutivo para suscribir acuerdos de estudios y de reconocimiento superficial y a conferir en ellos prioridad frente a terceros, en igualdad de condiciones, en relación al otorgamiento de los derechos que por la ley se establecen. Al hacer alusión a los interesados para actuar en la provincia, se establece en la norma a sancionar que deberán constituir domicilio en ésta y acreditar solvencia técnica y económico-financiera para la actividad que emprenden, como cumplimentar otros requisitos de registro que se establecen. Asimismo se destaca que la autoridad de aplicación deberá imponer en los pliegos de bases de los concursos o licitaciones, condiciones que incentiven la incorporación de mano de obra local, su capacitación y la prestación de servicios e insumos locales. También se determina que el titular del permiso de exploración o concesión de explotación abonará anualmente, por adelantado, el canon por cada kilómetro cuadrado o fracción del área permisionada o concesionada, monto que será determinado por la autoridad de aplicación de acuerdo a la reglamentación pertinente.
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/(A(hBACaSZvyAEkAAAAM2JjYWQ4ZjktYTM0ZC00N2NmLWFjNzMtMzJhNGUxMDkzN2E3WIXro8-_H2nJjkwaSSnRkGyOqrU1)S(pfdz3qul1u2el555tqlaq5e0))/VerNota.aspx?id=79299&AspxAutoDetectCookieSupport=1#
Tras reunirse en horas de la mañana con el director de Minería de la Provincia, Alberto Abitbol, los diputados provinciales del Frente Cívico, miembros de las comisiones de Legislación General y Producción, comenzaron a firmar ayer el despacho del proyecto de Ley de Hidrocarburos, presentado por el Poder Ejecutivo. De acuerdo a lo informado por el titular del bloque del Frente Cívico, Martín Díaz Achával, los titulares de la comisión de Legislación General, Manuel Juárez, y de Producción, Juanita Machado, la idea es tratar esta iniciativa sobre tablas el martes próximo, en la última sesión ordinaria, a raíz de que no hay otras fechas disponibles. Balance El despacho establece en su articulado que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio provincial pertenecen al dominio inalienable e imprescriptible del Estado provincial. Al tiempo que declara de interés público y estratégico las actividades de exploración y eventual explotación de hidrocarburos en nuestro territorio. Con esta norma, queda facultado el Poder Ejecutivo para suscribir acuerdos de estudios y de reconocimiento superficial y a conferir en ellos prioridad frente a terceros, en igualdad de condiciones, en relación al otorgamiento de los derechos que por la ley se establecen. Al hacer alusión a los interesados para actuar en la provincia, se establece en la norma a sancionar que deberán constituir domicilio en ésta y acreditar solvencia técnica y económico-financiera para la actividad que emprenden, como cumplimentar otros requisitos de registro que se establecen. Asimismo se destaca que la autoridad de aplicación deberá imponer en los pliegos de bases de los concursos o licitaciones, condiciones que incentiven la incorporación de mano de obra local, su capacitación y la prestación de servicios e insumos locales. También se determina que el titular del permiso de exploración o concesión de explotación abonará anualmente, por adelantado, el canon por cada kilómetro cuadrado o fracción del área permisionada o concesionada, monto que será determinado por la autoridad de aplicación de acuerdo a la reglamentación pertinente.
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