La extranjerización de YPF

Con el asesoramiento del ministro de Economía (1976-1980) José Martínez de Hoz, las dictaduras militares se abocaron a poner públicamente en evidencia la "ineficiencia" de YPF. Se derogó el decreto 632/74 que le daba el monopolio de la industrialización y comercialización de combustibles. Se congelaron los sueldos de sus profesionales y los mejores migraron a las empresas privadas. Entre 1977 y 1982 debió entregar más de 25 yacimientos en plena producción. Se la obligó a endeudarse (de 350 millones de dólares en 1975 a 4.600 en 1983) con préstamos que no recibió y a hacer inversiones inmediatamente privatizadas, como el gasoducto Centro-Oeste. Debió pagar el petróleo de sus contratistas a precios que en 1982 cuadruplicaban los costos promedio de extracción en el país. Las petroleras privadas, que en 1976 eran un porcentaje ínfimo, en 1982 alcanzaron el 40% de participación en la industria. El riesgo empresario fue casi totalmente asumido por YPF, que entre 1977 y 1985 hizo 942 pozos de exploración contra 18 de las privadas.
La presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) mantuvo esas políticas para los hidrocarburos. Su Plan Houston licitó, sin intervención del Congreso, miles de kilómetros cuadrados de cuencas continentales y plataforma submarina. Redujo al 27% la parte de YPF en la venta de combustibles; en 1989 los aportes al fisco de YPF y Gas del Estado igualaban a los de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Cuyo y Patagonia. Promovió la contratación privada de barcos de transporte en vez de reparar la flota de YPF. Según el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, en 1987 YPF compró más de ocho millones de metros cúbicos de petróleo a 93 dólares el barril y vendió a Shell y Esso otro tanto a sólo 45 dólares.
La resultante "ineficiencia" de YPF sirvió de justificación al presidente de Carlos Menem (1989-1999) para venderla al capital extranjero. Aunque violaba la ley de Hidrocarburos 17.319 (1967), legalizó la entrega con las leyes 23.696 de Reforma del Estado y 23.697 de Emergencia Económica elaboradas por su ministro de Economía Domingo Cavallo. En 1990, cuando facturaba unos 4.000 millones de dólares anuales, el decreto 2.778 transformó a YPF en sociedad anónima bajo la dirección del ingeniero José Estenssoro, empresario petrolero con importantes vínculos internacionales. Usando sólo criterios de eficiencia y rentabilidad, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y geopolíticas, su Plan de Transformación Global vendió o cerró los sectores de menor valor, poco rendimiento o prescindibles. Esta "poda vigorizadora", simultánea a la eliminación de empleados y la reorganización de los métodos de conducción y trabajo de los que quedaron, hizo a YPF una empresa vendible en el mercado internacional.
En 1990 YPF era el cuarto mayor empleador del país con el 13% de los trabajadores públicos: 50.000 empleados de los que 15.000 eran temporarios, ilustrando el criterio clientelista con que se lo manejaba. Su número se redujo a 23.000 en 1991, 13.000 en 1992, 9.000 en 1993 y unos 6.000 en el 2001 como Repsol-YPF. El gobierno menemista hizo astutas maniobras para neutralizar las protestas por los despidos masivos. Concedió subsidios, contratos y privilegios especiales al Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE). Dio a los "prescindidos" retiros "voluntarios" y jubilaciones anticipadas con grandes indemnizaciones que muchos usaron para comprar, por ejemplo, su propio remise. También recibieron cursos de capacitación en panadería, computación, pantalonería, aviación... que tal vez les permitieron competir con ventaja contra los profesionales universitarios que en la época manejaban taxis y remises. La ley 24. 145 (1992) otorgó a los cesantes el 10% del valor de venta de YPF, aún no pagado a la fecha de publicación de este artículo. La privatización tuvo máximo impacto en los lugares donde la explotación de hidrocarburos era la principal o única fuente de trabajo, como Comodoro Rivadavia, Cutral Co, Plaza Huincul, Río Grande, Tartagal y Vespucio. Es prototípico el caso de Cutral Co, inicialmente un campamento petrolero de una zona desértica de Neuquén, cuya única fuente de ingresos era y sigue siendo la actividad estatal. El cese de actividades afectó tanto a los pobladores que, en 1996, cortaron la ruta durante varias semanas iniciando el movimiento piquetero que se extendería a todo el país. Durante esas protestas fue muerta Teresa Rodríguez, hoy emblema del movimiento.
En 1993 se vendió el 80% de las acciones de YPF por 6.300 millones de dólares, acciones que en 1998 valían 10.300 millones. Aunque el costo promedio de producción era muy inferior, las petroleras privadas vendían internamente el petróleo a precios internacionales (el costo ronda hoy los 7 dólares por barril, se vende a 47 y el precio internacional excede los 90). Cuando aumentaba el valor internacional, los combustibles aumentaban eso y un poco más; cuando en 1998 el precio internacional disminuyó un 40%, los precios bajaron menos del 3%. Durante todo el período las petroleras tuvieron irrestricta libertad de remisión de utilidades, dividendos, regalías y pagos de patentes; de importación de maquinarias, equipos, insumos y tecnologías aunque existieran en el país; de transferencia de pagos por supuestos préstamos contraídos en el exterior con sus casas matrices; de repatriación parcial o total de capitales cuando lo quisieran. Dejaron de pagar el impuesto al crudo procesado que financiaba obras hidroeléctricas. El resultado fue que entre 1991 y 1998 sus ganancias aumentaron un 70%, mucho más que el promedio de las 100 empresas más grandes del país. Mientras se exportaba valiosa materia prima sin elaborar, la industria petroquímica (el valor unitario de cuyos productos elementales más que triplica el del crudo) producía sólo para el mercado interno, desmintiendo la supuesta actualización tecnológica de la industria petrolera.
Durante la Segunda Década Infame, gracias a la Revolución Productiva que la mayoría de nosotros votó, los argentinos pagamos los combustibles a precio internacional, hicimos desaparecer nuestras reservas de hidrocarburos, regalamos renta petrolera al exterior, congelamos el crecimiento de nuestra industria petroquímica y de fuentes de energía, redujimos drásticamente el poder de compra de nuestros salarios, eliminamos millones de puestos de trabajo, condenamos a migrar a poblaciones enteras y convertimos en desaparecidos sociales a más de dieciocho millones de nuestros pobres e indigentes.

CARLOS SOLIVÉREZ (*)
Especial para "Río Negro"

(*) Doctor en Física y Diplomado en Ciencias Sociales.
Mail: csoliverez@gmail.com

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