En el siglo transcurrido desde que en 1907 comenzó la explotación estatal del petróleo, sobraron ideología y afán de lucro y faltaron hechos y justicia social. No hubo acuerdos públicos entre los partidos políticos y los sectores sociales para asegurar políticas estables de distribución equitativa de sus beneficios. Hubo encendidos discursos sobre soberanía y autodeterminación, pero poco esclarecimiento de sus funciones críticas.
Hoy estamos en el mismo estado que en 1907, las cuantiosas inversiones que todos los argentinos hicimos en la industria petrolera han pasado a manos de unos pocos y el patrimonio público se debe reconstituir de cero.
Los hidrocarburos son recursos no renovables que, con fluctuaciones temporales y regionales, van a ser cada vez más escasos y caros. Por eso debe promoverse su uso sólo en los campos donde es esencial y desalentarlo donde es reemplazable. Son también importantes fuentes de dinero cuando se explotan con eficiencia y de poder cuando se controla su disponibilidad. Las rentas derivadas de los hidrocarburos deberían invertirse en mejorar su racional extracción, en encontrar y promover su reemplazo cuando sea viable y en la máxima prolongación de su disponibilidad como materia prima de la petroquímica, minimizando su desperdicio.
Centraremos nuestra atención en el rubro con mayor consumo de hidrocarburos: la generación de energía mediante los combustibles de las destilerías. Éstos se usan para el transporte de personas y mercaderías (31%), la producción industrial (26%), el calentamiento de ambientes y de agua en las viviendas (24%), la producción agropecuaria (11%, el uso que crece más rápido) y las actividades comerciales y administrativas (8%). El costo del transporte depende críticamente del de los combustibles y este rubro es uno de los principales contaminadores del ambiente.
En la década de 1980 los automotores de todo el noroeste argentino empleaban alconafta (nafta con 15% de alcohol), con mínimo costo de adaptación y excelente rendimiento de los motores, usando el alcohol de los ingenios azucareros, menos contaminante que la nafta y el biodiésel que tanto se promueve. La experiencia, que en Brasil tiene hoy amplitud nacional, que terminó por falta de apoyo estatal y de capacidad productiva de los ingenios, debería ser reactivada. El precio de la aeronafta es hoy muy alto en la Argentina, lo que encarece mucho los viajes aéreos por constituir casi el 50% del costo de operación. En lugares de escasa población y caminos, como la Patagonia y el Gran Chaco, las avionetas deberían ser el medio privilegiado de transporte, en vez de un lujo para millonarios. En la región pampeana falta gasoil en las épocas de cosecha, no hay depósitos estratégicamente distribuidos y no se sabe cuántos cultivos se pierden por su falta en el momento y lugar apropiados.
El consumo de gas natural se dispara en los inviernos porque su principal uso es en la calefacción de edificios (65% del consumo total de energía del país). Durante los inviernos del 2006 y el 2007 el gobierno nacional forzó su ahorro con multas a los usuarios domiciliarios que no bajaron su consumo respecto del año previo (sin importar inicialmente que el frío hubiera aumentado mucho en ciertos lugares) y puso restricciones a las estaciones de servicio e industrias, priorizando así el desperdicio en vez de la producción y el transporte. El desperdicio se da por la inexcusable ignorancia de demasiados arquitectos y la remediable ignorancia de la gente común sobre el mejor aprovechamiento de la radiación solar (buena orientación, forma y materiales de construcción) y la disminución de la pérdida de calor por ventanas (con un doble vidriado que podría hacerse mucho más barato) y paredes (con buen aislamiento térmico). Un ejemplo de esta ignorancia son los altísimos techos de las escuelas rionegrinas de la región andina (impuestos por la Dirección de Arquitectura Escolar), cuya calefacción requiere absurdas cantidades de energía que se acumulan inútilmente en alturas inaccesibles, ya que el aire caliente sube y el frío baja.
A pesar de haber suficiente capacidad para fabricarlos a partir del gas natural, las restricciones obligaron a la importación de fertilizantes nitrogenados, críticos para la ganadería en feed lots y la agricultura intensiva. También disminuyó la producción de polímeros (plásticos) y de muchas ramas industriales. A pesar de la insuficiente provisión de electricidad sufrieron restricciones las usinas térmicas, que generan el 58% de la energía eléctrica del país, la mayoría alimentadas por gas natural (su com
bustible óptimo). La política gubernamental fue equivocada pero no caprichosa; priorizó los sentimientos inmediatos del mayor número de votantes por encima del resultante deterioro a largo plazo en sus poderes adquisitivos, que pocos relacionan con la eficiencia productiva general del país.
A pesar de que fue una de las grandes excusas de las privatizaciones, no mejoró la exploración y las reservas de hidrocarburos detectadas han disminuido dramáticamente a menos de nueve años de consumo. Un ejemplo ilustrativo es el de la plataforma submarina argentina, excluyendo las zonas ya exploradas de Tierra del Fuego y la contigua a Malvinas ("regalada" por el gobierno de Menem durante su política de seducción de los kelpers). El potencial de estos yacimientos submarinos está sugerido por el reciente descubrimiento brasileño, que ha multiplicado sus reservas totales. Hasta la fecha se han hecho sólo cinco pozos en esta zona, lo que no puede considerarse una exploración. A pesar de las cuantiosas ganancias embolsadas durante la época de la libre exportación de crudo, las compañías petroleras privadas atribuyen hoy al gobierno la responsabilidad de no hacer las inversiones necesarias para la ampliación de las reservas.
Estos ejemplos, que pueden multiplicarse hasta llenar un libro, ilustran que el problema central no reside en quién saca los hidrocarburos sino en cómo se lo hace, su disponibilidad o carencia en tiempo y forma y quién se beneficia de las inversiones estatales. En un país de políticas fluctuantes como el nuestro, los capitales nacionales (y extranjeros) invierten sólo cuando las inversiones son mínimas (y fácilmente repatriables) y hay grandes ganancias en muy corto plazo. Las administraciones de YPF por Enrique Mosconi y de Gas del Estado por Julio Canessa mostraron fehacientemente que el Estado puede brindar beneficios generales imposibles de obtener cuando la motivación es sólo el dinero. Mostraron también que un organismo estatal autónomo y aislado de las presiones clientelistas de los ministerios políticos puede funcionar eficientemente y promover el desarrollo industrial con el buen uso de su poder de compra. Estos honestos y eficientes tecnólogos lograron también implantar objetivos institucionales y pautas operativas que perduraron mucho después de su partida. El Estado administra mal cuando se hace uso clientelista de las inversiones públicas o se las transforma en grandes negocios privados (efecto Dooh Nibor; Robin Hood al revés: robar a los pobres para darles a los ricos).
El presidente Yrigoyen, en vez de usar YPF como recurso electoral, podría haberle asignado más fondos y evitado los enfrentamientos estériles que promovieron su derrocamiento. Los gobernantes salteños podrían haber compartido políticas y regalías con el resto del país (problema similar al hoy planteado en la Santa Cruz boliviana). El presidente Frondizi podría haber corregido las políticas petroleras sin revertir de un plumazo su plataforma electoral. El gobierno de Alfonsín podría haber invertido en la actualización de las instalaciones una porción razonable de los grandes impuestos a los combustibles, de cuya venta sólo un tercio volvía a YPF. En el ideal país de Mongo adonde continuamente nos mandan las personas "realistas", los dictatoriales gobiernos militares podrían haber creado una industria exportadora de alto valor estratégico y el presidente Menem, haber convocado al capital internacional para mejorar las tecnologías de exploración y explotación, en vez de "regalarles" las gigantescas inversiones públicas y sus rentas.
El facilismo de la historiografía demagógica carga exclusivamente las culpas al imperialismo (británico primero y estadounidense después) y a sus cómplices locales, sin analizar los comportamientos de los ciudadanos argentinos. No podemos controlar las acciones de los gobernantes de otros países ni de las grandes empresas multinacionales, pero debemos hacerlo con los propios. El despojo de las privatizaciones de los años '90 se consumó en medio de la indiferencia o el pasmo generalizado y con la complicidad de casi toda la dirigencia política y sindical. La Argentina del siglo XXI dejará de ser el Cambalache de Discépolo recién cuando suficientes argentinas y argentinos defiendan la cosa pública con el mismo vigor con que defienden sus ingresos personales y reclamen justicia para sus conciudadanos menos afortunados con la misma solidaridad que dispensan a sus familiares y amigos.
CARLOS E. SOLIVÉREZ (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Doctor en Física y diplomado en Ciencias Sociales
csoliverez@gmail.com
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/12/13/200712o13s01.php
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