Nueva presentación judicial por el tema de hidrocarburos

El abogado Javier Ignacio Pérez Gallart presentó una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y defraudación, en virtud del contrato denominado firmado entre funcionarios provinciales y los representantes de Pan American Energy. En el cual se transfiere la explotación de los yacimientos cerro Dragón, Koluel Kaike y Piedra Clavada hasta el agotamiento de los mismos. Expresa el letrado, en un escrito similar al planteado por el doctor Berardino Zaffrani, que dicho acuerdo fue firmado por el gobernador de la Provincia, Daniel Peralta y el apoderado de la sociedad Pan American Energy, Carlos Bulgheroni, el 25 de junio en la Casa de la Provincia de Santa Cruz en la ciudad de Buenos Aires. Sostiene que el acuerdo en cuestión contiene cláusulas que implican un ejercicio abusivo de la autoridad por parte de los funcionarios actuantes en la preparación, celebración y firma del contrato como así también el incumplimiento de los deberes a su cargo. Sostiene que se ha planteado una flagrante violación al artículo 35 de la Ley 17.319 que señala: “Las concesiones de explotación tendrán una vigencia de veinticinco años a contar desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más los adicionales que resulten de la aplicación del artículo 23. El Poder Ejecutivo podrá prorrogarlas hasta por diez años, en las condiciones que se establezcan al otorgarse la prórroga y siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión. La respectiva solicitud deberá presentarse con una antelación no menor de seis meses al vencimiento de la concesión”. Expresa que lo primero que aparece es la falta de acreditación fehaciente al cumplimiento de las obligaciones establecidas legalmente a la compañía e incluso desde esferas oficiales se justifica el incumplimiento de la empresa al sostener: “…Esta matriz generada para encarar las negociaciones que se van venciendo, como el caso de Pan American que entre petróleo y gas posee el 12 % por ciento de la producción de Santa Cruz, se pensó para la renegociación de contratos porque si no las empresas dejan de invertir, de explotar, se secan los pozos en el 2017 y ya esta el problema…” (Declaraciones de Pablo González, ministro de Gobierno, diario La Opinión Austral, 27 de junio de 2.007. Debe preguntarse como a diez años del vencimiento del contrato se presume que la empresa cumple con las inversiones como para prorrogar el mismo, mas aún es el mismo ministro de Gobierno quien reconoce que la empresa no va a invertir lo comprometido en estos próximos diez años, entonces como incentivo le damos diez años mas sumados a los veinte mas que actual como operador. 40 años mas a la fecha. En otro párrafo expresa que a poco tiempo de ponerse en vigor la Ley 26.197, conocida como “Ley Corta”, fin del año pasado, el Gobierno de Santa Cruz cierra un acuerdo con Pan American Energy, por el cual se otorga a la empresa el usufructo -prácticamente incondicional y hasta su agotamiento- de las reservas hidrocarburíferas de una de las cuencas más ricas del país y lo más ruinoso para los intereses provinciales bajo el paraguas de la ley, sigue los pasos de la escandalosa prórroga de la concesión del yacimiento de Loma La Lata en Neuquén. Pérez Gallart sostiene que lo más llamativo del proceso es que se dice que la renegociación de este contrato por parte de la provincia lleva dos años cuando no existía la ley lo que nos lleva a concluir que esta negociación se hizo a las apuradas en contra de los intereses provinciales en los últimos seis meses. Junto al escrito, se aportan como pruebas diversas publicaciones periodísticas. Se solicita se requiera el contrato firmado con Pan American, requiera los estudios de impacto ambiental efectuados por la provincia, la certificación de los cumplimientos efectuados por la empresa mencionada, soliciten el contrato original entre Pan American con respecto a la explotación de las áreas en cuestión y que oportunamente se formule requerimiento de instrucción en orden a los delitos que surgirían de los hechos impuestos.

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